El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio un nuevo paso para consolidar su control político sobre Nicaragua con una reforma constitucional que restringe la participación de opositores en elecciones y extiende de seis a siete años los períodos de los principales cargos públicos. La iniciativa fue aprobada por la Asamblea Nacional, dominada por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y ahora deberá superar una segunda votación para entrar en vigor.
La reforma establece que no podrán postularse a cargos de elección popular quienes sean considerados por el régimen como ''golpistas'' o ''traidores a la patria'', además de opositores exiliados que hayan solicitado una intervención militar de Estados Unidos, respaldado sanciones internacionales o participado, según las autoridades, en acciones que afecten la independencia, soberanía y autodeterminación de Nicaragua.
La disposición ha generado fuertes críticas debido a que deja en manos del gobierno la definición de quién puede ser excluido de la competencia electoral. Esta facultad podría además, utilizarse para impedir el regreso de dirigentes opositores exiliados y bloquear la participación de sectores críticos del oficialismo en futuros comicios.
