Una investigación de USAID reveló que más de un centenar de empleados actuales o ex trabajadores de la UNRWA habrían tenido vínculos con Hamas e incluso participado en la masacre del 7 de octubre, profundizando las denuncias sobre el antisemitismo dentro de organismos de la ONU.
Un nuevo escándalo vuelve a sacudir a las Naciones Unidas. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) remitió al Departamento de Estado norteamericano los nombres de 101 empleados actuales o ex trabajadores de la UNRWA para que sean suspendidos o inhabilitados por sus presuntos vínculos con el grupo terrorista Hamas y su posible participación en la masacre perpetrada el 7 de octubre de 2023 contra Israel.
La revelación, incluida en un informe de la Oficina del Inspector General de USAID, alimenta las crecientes críticas contra la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y vuelve a poner bajo la lupa la capacidad de la ONU para detectar y erradicar la infiltración del terrorismo en sus propias estructuras.
Según el informe, algunos de ellos ya habían sido investigados anteriormente, pero nuevas evidencias permitieron ampliar la lista de sospechosos.
Uno de los hallazgos más graves señala que dos vicedirectores de escuelas administradas por la UNRWA ocuparon cargos de liderazgo dentro de las Brigadas Izzadin al-Qassam, el brazo terrorista de Hamas.
Asimismo, USAID sostiene que:
Un empleado de la UNRWA se desempeñó como subcomandante de compañía del 5° Batallón de Infantería de Hamas.
Otro actuó como jefe de escuadra de la Brigada Khan Yunis.
Un vicedirector escolar habría coordinado comunicaciones del Batallón Nuseirat durante el 7 de octubre.
Un maestro transportó dos misiles antitanque destinados a ser utilizados en la masacre.
El antisemitismo dentro de organismos internacionales
Las nuevas revelaciones profundizan las denuncias formuladas durante años por Israel y diversas organizaciones judías, que acusaron a la UNRWA de tolerar discursos antisemitas, glorificar el terrorismo y permitir la infiltración de Hamas en su estructura educativa y administrativa.
Para numerosos críticos, el problema trasciende casos individuales y expone una falla institucional dentro de organismos de Naciones Unidas, especialmente en aquellas agencias que operan en Gaza bajo una supervisión limitada.
El hecho de que directores escolares financiados con ayuda internacional hayan sido señalados por participar en el peor atentado antisemita desde el Holocausto genera fuertes interrogantes sobre los mecanismos de control aplicados por la ONU.
Escándalo en la ONU: más de 100 empleados de la UNRWA fueron vinculados con Hamas y la masacre del 7 de octubre
Estados Unidos avanza con sanciones
De confirmarse las acusaciones, los implicados serán inhabilitados para trabajar en cualquier organización financiada con fondos estadounidenses.
Uno de los primeros casos ya derivó en sanciones concretas. Se trata de Hafez Mousa Mohammed Mousa, identificado como integrante del Batallón Este de Jabaliya de Hamas y director de una escuela de la UNRWA, quien coordinó comunicaciones con otros miembros del grupo terrorista durante la masacre del 7 de octubre.
La medida busca impedir que personas vinculadas a organizaciones terroristas continúen administrando programas financiados con recursos internacionales.
La defensa de la UNRWA
Consultada por medios internacionales, la UNRWA aseguró que toma las acusaciones "muy seriamente".
"Tenemos una política de tolerancia cero ante cualquier violación de la neutralidad. No hay lugar en la UNRWA para terroristas, criminales o personas que no compartan los valores de Naciones Unidas", afirmó un portavoz de la agencia.
La organización sostuvo además que colaboró con la investigación aportando documentación y manifestó su disposición a responder frente a denuncias respaldadas por pruebas verificables.
Sin embargo, para muchos observadores, estas nuevas revelaciones vuelven a poner en cuestión el funcionamiento de la agencia y alimentan las críticas hacia una ONU que, en reiteradas ocasiones, ha sido acusada de mantener una doble vara frente al terrorismo y el antisemitismo, especialmente cuando las víctimas son ciudadanos israelíes.
El caso reabre un debate incómodo para la comunidad internacional: cómo garantizar que la ayuda humanitaria llegue a quienes la necesitan sin que sus estructuras sean utilizadas o infiltradas por organizaciones terroristas que promueven el odio y la violencia contra el pueblo judío.
