El Tribunal de Apelaciones del Alto Norrland decidió que Yazied Mohamed, un refugiado eritreo de 18 años condenado por violar a Meya Åberg, de 16, no será deportado una vez que cumpla su pena.
El ataque ocurrió el 1 de septiembre de 2024, cuando la joven regresaba caminando a su casa tras perder el colectivo luego de su turno en un McDonald’s. En un túnel peatonal fue interceptada y abusada sexualmente por Mohamed.
Joven sueca atacada por un inmigrante "refugiado"
La víctima y su familia denunciaron el hecho de inmediato. La Justicia lo condenó a solo tres años de prisión, pero el tribunal resolvió que la violación “no duró lo suficiente” como para considerarla un delito “excepcionalmente grave” y, por lo tanto, no aplicó la deportación.
Los argumentos del fallo
Según la legislación sueca, los refugiados solo pueden ser expulsados si cometen un delito considerado “excepcionalmente grave” o si representan una “amenaza seria para el orden público y la seguridad”.
En su fallo, el tribunal sostuvo que, aunque el crimen fue grave, “la duración del ataque” fue uno de los factores determinantes para no considerarlo dentro de esa categoría.
el tribunal resolvió que la violación “no duró lo suficiente” y no lo deportó.
“La violación, en muchos casos, se considera un delito excepcionalmente grave que podría justificar la deportación de un refugiado. Sin embargo, debe evaluarse cada caso individualmente. Dada la naturaleza y duración del hecho, el tribunal considera que no constituye un delito excepcionalmente grave que amerite deportación”, escribió la Corte en su sentencia.
Protección legal y polémica pública
El agresor posee estatus de refugiado y protección bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), que restringe la expulsión salvo en casos extremos. El tribunal concluyó que no existía una amenaza actual al orden público, por lo que Mohamed cumplirá su condena en Suecia y no será devuelto a Eritrea.
Suecia enfrenta grandes problemas por la inmigración
La decisión generó indignación nacional. Diversos sectores cuestionaron que la Justicia priorice la condición migratoria del agresor por encima de la gravedad del delito. Medios locales y dirigentes políticos exigieron revisar la ley de deportación para casos de delitos sexuales.
