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El Gobierno de Suecia está considerando la posibilidad de enviar presos a cumplir sus condenas en cárceles de otros países y ya inició conversaciones para alquilar celdas en el extranjero, según anunció el ministro de Justicia sueco, Gunnar Strömmer.
Horas antes del comunicado, una comisión parlamentaria designada por el Ejecutivo concluyó que no existen impedimentos legales para trasladar reos fuera del país ante la creciente saturación del sistema penitenciario sueco.
Desde hace años, y mientras permitían las entrada de miles de inmigrantes ilegales, en su mayoría africanos, Suecia enfrenta un aumento de la violencia vinculada a bandas criminales.
"Es fundamental encontrar soluciones innovadoras para el Servicio de Prisiones y Libertad Condicional", declaró Strömmer en conferencia de prensa. "Estamos evaluando diversas alternativas y negociando con países que han mostrado interés en alquilar celdas", añadió el ministro, sin precisar cuáles.
En las últimas dos décadas, el país pasó de ser uno de los más seguros de Europa a registrar la mayor tasa de homicidios con armas de fuego dentro de la Unión Europea.
La policía sueca.
Actualmente, las prisiones suecas operan al límite de su capacidad, y el Servicio de Prisiones y Libertad Condicional estima que para 2033 serán necesarias unas 27.000 plazas, en comparación con las 11.000 disponibles en la actualidad.
Por su parte, Mattias Wahlstedt, jefe de la comisión parlamentaria que analizó el tema, explicó que los traslados solo podrán efectuarse dentro de la Unión Europea o en países del Espacio Económico Europeo como Noruega, Islandia y Liechtenstein.
La policía sueca.
Wahlstedt destacó que los presos no tendrán derecho a rechazar su traslado y que se evaluarán factores como la presencia de familiares en Suecia. "Si un recluso tiene una orden de deportación, no requiere reinserción en la sociedad sueca", afirmó. Asimismo, aclaró que no podrán ser enviados al extranjero menores de 18 años, condenados por terrorismo o internos en tratamiento psiquiátrico.
El acuerdo de gobierno firmado en octubre de 2022 entre conservadores, liberales, democristianos y la derecha—que, aunque no integra el Ejecutivo, lo respalda en el Parlamento— contempla esta medida como una forma de reducir la presión sobre el sistema penitenciario.
Actualmente, aunque los homicidios han disminuido desde su pico en 2022, el uso de explosivos por parte de bandas criminales aumentó peligrosamente en los últimos dos años, especialmente en el área metropolitana de Estocolmo. En enero de este año, se registraron 30 atentados con artefactos explosivos, la mayoría vinculados a extorsiones contra empresas y ciudadanos, según la policía sueca.
