Péter Magyar comenzó a desmantelar una de las políticas más emblemáticas del histórico gobierno de Viktor Orbán al confirmar que Hungría aceptará el ingreso de solicitantes de asilo y avanzará hacia una mayor alineación con las políticas migratorias impulsadas desde Bruselas.
La decisión representa un giro radical respecto al modelo soberanista y anti inmigración que convirtió a Hungría en uno de los principales focos de resistencia frente a la agenda migratoria de la Unión Europea desde la crisis de 2015.
Hungría cede ante la presión de Bruselas
El nuevo gobierno confirmó que cumplirá la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que obliga al país a permitir el ingreso de solicitantes de asilo para tramitar sus pedidos dentro del territorio húngaro.
La ministra de Asuntos Exteriores, Anita Orbán, justificó la medida argumentando razones “financieras y estratégicas”.
Hasta ahora, Hungría había rechazado sistemáticamente las imposiciones migratorias de Bruselas, defendiendo el control estricto de fronteras y la soberanía nacional.
El gobierno de Orbán había resistido durante años
Durante casi una década, Viktor Orbán impulsó una política frontal contra la inmigración ilegal.
Entre las medidas implementadas por el anterior gobierno se encontraban:
Refuerzo militar en las fronteras
Construcción de vallas fronterizas
Restricciones al asilo
Rechazo al reparto obligatorio de inmigrantes
Endurecimiento de controles migratorios
La postura de Budapest convirtió a Hungría en blanco constante de sanciones y ataques políticos por parte de las instituciones europeas.
Bruselas castigó a Hungría con multas millonarias
La Unión Europea llegó a imponer sanciones multimillonarias al país por negarse a aplicar las políticas migratorias comunitarias.
Según trascendió:
Hungría pagaba 1 millón de euros diarios en multas
Las sanciones acumuladas rondan los 1.000 millones de euros
Bruselas presionaba para que el país aceptara inmigrantes ilegales
