Washington respaldó al gobierno de Rodrigo Paz tras el levantamiento de los cortes de ruta y sostuvo que las protestas afectaron derechos fundamentales de millones de ciudadanos.
El gobierno de Donald Trump elevó este martes el tono de sus críticas contra los bloqueos que paralizaron Bolivia durante más de siete semanas y afirmó que esas acciones constituyeron una vulneración de derechos humanos fundamentales y una amenaza directa al orden constitucional del país.
La declaración se conoció apenas un día después de que el gobierno de Rodrigo Paz anunciara el levantamiento total de los cortes de ruta y proclamara la derrota del movimiento que buscaba forzar su renuncia.
Durante las semanas más intensas del conflicto, los bloqueos provocaron graves dificultades para el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos e insumos médicos. Autoridades bolivianas y organismos internacionales alertaron que miles de personas vieron afectado su acceso a bienes esenciales debido a la interrupción prolongada de las carreteras.
Según el pronunciamiento respaldado por Washington y varios países de la región, los intentos de derrocar al gobierno mediante bloqueos y acciones de presión representan una “grave amenaza” para la estabilidad democrática boliviana.
El comunicado también sostuvo que una minoría violenta intentó desconocer la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas y alterar el funcionamiento normal de las instituciones.
La posición estadounidense coincide con las denuncias que el propio gobierno boliviano presentó anteriormente ante la Organización de Estados Americanos (OEA), donde sostuvo que las protestas habían dejado de ser una simple expresión de descontento social para convertirse en acciones que amenazaban la institucionalidad democrática y los derechos fundamentales de la población.
Washington ya había respaldado en reiteradas ocasiones a Rodrigo Paz durante la crisis. En mayo, funcionarios estadounidenses denunciaron la existencia de intentos de desestabilización contra el gobierno boliviano y posteriormente advirtieron que quienes participaran en actos violentos podrían enfrentar restricciones migratorias, incluyendo la revocación o negación de visas estadounidenses.
Las declaraciones llegan en un momento favorable para el Ejecutivo boliviano. Tras la aprobación parlamentaria del estado de excepción y una serie de operativos conjuntos entre la Policía y las Fuerzas Armadas, los bloqueos fueron desmantelados y las principales rutas del país volvieron a operar con normalidad.
Para el gobierno de Rodrigo Paz, el respaldo internacional refuerza la idea de que los intentos de forzar su salida mediante bloqueos y presión callejera fracasaron. Con las carreteras nuevamente abiertas y la normalización en marcha, La Paz busca ahora consolidar la estabilidad institucional mientras continúan las investigaciones sobre los hechos ocurridos durante la crisis.
