La Justicia obliga a un colegio católico de Mallorca a impartir religión islámica.
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La imposición de la enseñanza de religión islámica en varios colegios de Mallorca —incluido un centro abiertamente católico— desató un fuerte malestar entre instituciones educativas de las islas. La decisión llegó luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) diera la razón a cinco familias musulmanas que exigían que sus hijos recibieran clases de islam, considerando vulnerado su derecho constitucional a una formación religiosa acorde a sus convicciones.
Según publicó El Español, las cinco madres marroquíes habían presentado reiteradas solicitudes ante la Consejería de Educación, que nunca respondió. Ese silencio administrativo terminó siendo interpretado por el tribunal como una vulneración del artículo 27.3 de la Constitución, que garantiza la libertad de los padres para elegir la educación religiosa y moral de sus hijos. Es decir: la Justicia no evaluó la conveniencia pedagógica ni la compatibilidad con el proyecto institucional de cada colegio, sino que actuó ante la falta de respuesta del Gobierno balear. Mujeres musulmanas.
Entre los centros afectados, al menos uno es un colegio de ideario católico, cuya patronal rechazó abiertamente la sentencia recordando que las familias conocen cuál es el proyecto educativo y las enseñanzas del establecimiento antes de matricularse. Alertan que forzar asignaturas confesionales ajenas a su identidad supone una intromisión directa en su libertad educativa.
Mientras tanto, desde la comunidad islámica balear, su secretario J. Nur Bió afirmó que este caso “no es aislado”, asegurando que cada vez más familias reclaman la implantación obligatoria de islam, incluso en colegios religiosos cristianos. Sostiene que la normativa vigente obliga a los centros a ofrecer la materia cuando exista demanda suficiente.
El sector privado no comparte esa lectura. La patronal Escuela Católica señala que la sentencia sienta un precedente preocupante, abriendo la puerta a que cualquier minoría confesional exija nuevas materias en centros con ideario propio, erosionando el principio básico de libertad de enseñanza. Directivos consultados remarcan un punto elemental: quien elige un colegio católico asume su propuesta educativa; y, de hecho, miles de alumnos musulmanes asisten sin inconvenientes a clases de religión católica, con el consentimiento explícito de sus familias. Estudiantes musulmanes.
El caso reaviva un debate que ya tensó a otras comunidades autónomas como Murcia, La Rioja, Andalucía o Cataluña. Allí también la implantación de islam generó choques entre tres dimensiones que rara vez conviven con armonía: las demandas individuales, la libertad institucional y el uso de recursos públicos.
La resolución judicial, basada únicamente en un vacío administrativo, deja un interrogante mayor: si bastará con el silencio del Estado para obligar a colegios a modificar su identidad. Un escenario que para muchas instituciones es un claro riesgo de erosión de su libertad educativa.
