La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y su gobierno enfrentan fuertes acusaciones de haber manipulado el proceso de licitación para seleccionar a una única empresa encargada de supervisar el programa estatal de Medicaid de atención domiciliaria, conocido como Consumer Directed Personal Assistance Program (CDPAP).
Este programa, valorado en USD 9 mil millones, permite a los beneficiarios de Medicaid contratar a familiares o seres queridos como asistentes de cuidado personal remunerados.
La polémica surge luego de que Carlos Martínez, director ejecutivo de la agencia de cuidado domiciliario BRIDGES, afirmara en una declaración jurada que, durante una reunión el 9 de abril, un funcionario estatal reveló que Public Partnerships LLC (PPL) había sido seleccionada como intermediaria fiscal para todo el estado, a pesar de que el proceso de licitación seguía en curso.
Según Martínez, esta afirmación demuestra que el proceso estaba manipulado desde el inicio, evidenciando la gran corruptibilidad que la gobernadora ostenta en su posición de poder.
El programa el cual Hochul está acusada de alterar permite a familiares inscribirse como cuidadores domiciliarios del programa MEDICAID
Estas acusaciones se presentaron como parte de una demanda interpuesta por FreedomCare LLC, otro proveedor de cuidado domiciliario, que sostiene que la selección de PPL fue un acuerdo realizado a puerta cerrada.
Akiva Shapiro, abogado de FreedomCare, calificó la situación como un “arma humeante” que confirma la manipulación del proceso por parte del gobierno de Hochul y el Departamento de Salud del estado.
La reforma del CDPAP busca centralizar la supervisión del programa y reducir costos eliminando los contratos con cientos de agencias intermediarias que operaban como agentes de nómina entre Medicaid y los cuidadores.
Sin embargo, estas agencias, conocidas como intermediarios fiscales, han luchado contra los cambios argumentando que afectarán a los pacientes y al programa en general.
El CDPAP ha crecido considerablemente, atendiendo a cerca de 200.000 pacientes, pero también ha enfrentado acusaciones de fraude masivo y falta de supervisión, con costos que se han disparado en los últimos años.
La administración de Hochul introdujo reformas para centralizar la gestión del programa con el objetivo de reducir costos y abordar el fraude posiblemente buscando erigir una fachada para sus propios actos inmorales.
La controversia se intensificó cuando Hochul acordó con el sindicato Local 1199 SEIU, que representa a los trabajadores de la salud, sindicalizar a los asistentes de cuidado personal y aumentar sus salarios, lo que también incrementaría los costos del programa. Este acuerdo generó críticas y levantó serias sospechas acerca de posibles intereses políticos en la reforma.
La controversia de disparó cuando Hochul acordó con el sindicato Local 1199 SEIU aumentar salarios incrementando el costo del programa
La oficina de Hochul ha negado las acusaciones de manipulación en el proceso de licitación. Según un portavoz, la reforma está diseñada para proteger a los usuarios y a los contribuyentes al reducir el despilfarro, el fraude y los abusos en el programa.
Además, aseguró que ningún funcionario estatal sabía en abril quién sería seleccionado como resultado del proceso competitivo y que el Departamento de Salud gestionó la licitación de acuerdo con las directrices aprobadas por la legislatura estatal.
Se espera que la transición al nuevo modelo centralizado, con PPL como contratista principal, se complete para abril de 2025, pero la oposición y las demandas legales podrían retrasar o modificar estos planes.
La situación continúa siendo objeto de debate entre las partes involucradas, mientras se evalúa el impacto potencial en los pacientes, cuidadores y el sistema de Medicaid del estado.
