El presidente comunista de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó este miércoles el decreto reglamentario que pone en marcha la ''Ley de Muerte Digna'', habilitando oficialmente la eutanasia en el país. La medida, que había sido aprobada por el Senado en octubre de 2025 tras un amplio y prolongado debate político y social, convierte a Uruguay en el tercer país de América Latina en permitir la muerte médicamente asistida, junto a Colombia y Ecuador.
La normativa establece que podrán acceder a la eutanasia las personas mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, que padezcan una enfermedad incurable, irreversible y en fase terminal, acompañada de sufrimientos considerados insoportables y un deterioro significativo de su calidad de vida.
El procedimiento contempla una serie de requisitos y controles: el paciente debe presentar una solicitud voluntaria ante un médico, quien evaluará su condición clínica y su capacidad psíquica, además de informarle sobre alternativas disponibles como los cuidados paliativos.
El comunista Yamandú Orsi firmó una ley que aprueba la eutanasia en Uruguay
Posteriormente, un segundo profesional de la salud debe confirmar tanto el diagnóstico como la voluntad del solicitante. Si ambos coinciden en que se cumplen los criterios establecidos por la ley, el paciente deberá ratificar su decisión en una nueva instancia, dejando constancia escrita ante testigos que no tengan intereses económicos en su fallecimiento. Este proceso busca garantizar que la decisión sea libre, informada y sostenida en el tiempo.
La reglamentación firmada por Orsi también dispone la creación de una ''Comisión Honoraria de Revisión'', bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública, que tendrá la función de supervisar los procedimientos realizados. Este organismo actuará como un mecanismo de control independiente, encargado de verificar que cada caso cumpla con los requisitos legales y los protocolos establecidos.
En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario socialista defendió la medida al señalar que ''la dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas'', destacando que la ley es el resultado de un proceso de ''debate, reflexión y escucha''. Desde el gobierno, la implementación de la eutanasia es presentada como un avance en materia de derechos individuales, al permitir que las personas puedan decidir sobre el final de su vida en situaciones de sufrimiento extremo.
La ley contempla el análisis de dos profesionales y la presencia de testigos sin intereses económicos o financieros sobre el en la firma del proceso
No obstante, la entrada en vigor de la ley ha generado duros cuestionamientos en distintos sectores políticos, sociales y médicos. Múltiples voces críticas advierten que, más allá de los controles previstos, la legalización de la eutanasia plantea dilemas éticos profundos sobre el rol del Estado y del sistema de salud. Señalan que existe el riesgo de que una práctica concebida como excepcional pueda ir normalizándose con el tiempo, lo que podría influir, directa o indirectamente, en pacientes en situación de vulnerabilidad.
Otro de los puntos de debate gira en torno a la capacidad del sistema sanitario para garantizar condiciones equitativas en la toma de decisiones. Especialistas y detractores sostienen que el acceso desigual a cuidados paliativos podría condicionar la elección de algunos pacientes, quienes podrían optar por la eutanasia ante la falta de alternativas eficaces para aliviar el dolor. En este sentido, plantean que el Estado debería priorizar el fortalecimiento de estos servicios antes de implementar plenamente la muerte asistida.
También surgen interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de control. Si bien la Comisión Honoraria de Revisión fue creada para supervisar los procedimientos, existen dudas sobre su capacidad operativa y su grado de independencia, lo que podría afectar la transparencia en la aplicación de la normativa.
Orsi y el socialismo uruguayo han sido objeto de múltiples críticas debido a los interrogantes que suponen la ley aprobada
