La oficina de presupuesto de Chile indico que se reducirá el limite del gasto, además de otros recortes.
El gobierno del presidente José Antonio Kast oficializó ayer un ambicioso plan de recorte al gasto público por un monto de 3.000 millones de dólares. La medida busca fortalecer la sostenibilidad de las finanzas nacionales y garantizar la estabilidad de las prestaciones sociales a largo plazo.
El programa se fundamenta en la reducción del límite de crecimiento del gasto público anual, sumado a ajustes operativos que pretenden disminuir el gasto bruto en otros 800 millones de dólares adicionales.
El Ejecutivo afirmó que estos recortes forman parte de una "cruzada por la eficiencia", orientada a erradicar el mal uso y el abuso de los recursos públicos. El Gobierno subrayó que el norte de la gestión es establecer una cultura de autoridad fiscal, cumpliendo así la promesa de campaña del mandatario de implementar auditorías exhaustivas en cada repartición estatal.
Bajo la premisa de eliminar el "gasto innecesario", el gobierno de Kast ha aplicado una reducción del 3% del gasto público bruto en cada partida presupuestaria, logrando un ahorro inmediato para el Estado chileno. De forma paralela, los ministerios nacionales emprenderán una campaña de fiscalización técnica para evitar malas prácticas en el manejo de los recursos fiscales y asegurar que cada peso llegue a los ciudadanos.
Además, el Estado iniciará un proceso de revisión de contratos de servicios públicos para identificar licitaciones incumplidas. También se pondrá especial énfasis en auditar el absentismo y el uso injustificado de licencias médicas dentro del sector público, factores que han mermado la productividad estatal en años anteriores.
La hoja de ruta de esta iniciativa pretende consolidar un presupuesto para el año 2027 plenamente adaptado al nuevo modelo de gestión chileno, consolidando el ajuste estructural iniciado este mes de marzo.
Este ajuste será implementado mediante decreto por el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de que el plan se extienda de forma transversal a todas las subpartidas presupuestarias. Asimismo, se ha solicitado la colaboración de la Contraloría General de la República Chilena para supervisar la ejecución de estas medidas en todo el territorio nacional.
