El presidente socialista aprobó un paquete de fuertes regulaciones sobre el mercado inmobiliario del país.
El alcance de esta regulación implica una modificación sustancial en la relación entre propietarios e inquilinos, al reducir la posibilidad de decidir libremente sobre la continuidad de un contrato.
El Gobierno de Sánchez sostiene que el objetivo es otorgar "mayor estabilidad" a quienes alquilan, pero el impacto que tendrá sobre los propietarios será destructivo, como ocurre siempre con este tipo de medidas.
En paralelo, el paquete establece un límite del 0% a las subidas de renta en los contratos que se encuentren por encima del índice de referencia de vivienda. También se extienden los controles a los alquileres de temporada y por habitaciones, con el objetivo de evitar que estas modalidades queden fuera de las regulaciones aplicables a la vivienda habitual.
Otra de las medidas más restrictivas alcanza a los fondos de inversión. El Gobierno socialista pretende impedir hasta 2028 la compra de viviendas por parte de supuestos “fondos buitre” y plantea identificar a los actores que considere vinculados con prácticas especulativas.
El presidente socialista de España, Pedro Sánchez, aprobó este martes un nuevo paquete de medidas que regulan fuertemente el mercado de alquileres y reduce el margen de decisión de los propietarios y determinados inversores.
Entre las principales disposiciones aparecen la renovación automática de contratos, el congelamiento de determinadas rentas, la regulación de los alquileres temporarios y por habitaciones, la prohibición de adquisición de viviendas por parte de fondos de inversión hasta 2028 y la prohibición de los desalojos hasta 2030.
La medida que genera uno de los mayores puntos de tensión es la renovación automática de los contratos de alquiler. El Ejecutivo español decidió incluirla en un decreto separado del resto de las iniciativas, después de las negociaciones entre PSOE y Sumar.
El mecanismo busca que los contratos continúen automáticamente y que el propietario deba justificar una causa para evitar su renovación.
La regulación supone una limitación directa sobre quiénes pueden participar en determinadas operaciones del mercado inmobiliario. En paralelo, el paquete también prohíbe los desalojos hasta 2030.
Las críticas no se limitaron al mecanismo utilizado para aprobar las medidas. La oposición expresó su preocupación por el impacto de la renovación automática sobre los pequeños propietarios, junto con las otras regulaciones.
El Sindicato izquierdista de Inquilinas de Madrid, en cambio, exigió que las medidas sean aprobadas de manera íntegra y sin modificaciones. Su vocera, Valeria Racu, calificó de “decreto farsa” cualquier norma que introduzca cambios o separe las medidas reclamadas.
Durante la protesta, Racu sostuvo: “Le estamos echando un pulso histórico al Gobierno”, y agregó que “el pueblo manda”.
Con este paquete, el presidente socialista Pedro Sánchez avanza fuertemente con la regulación sobre alquileres y las viviendas en España.
