La Derecha Diario El gobierno de Trump revocó las visas al juez Moraes y a su familia
El Gobierno de Trump revocó las visas al juez supremo Alexandre de Moraes y a toda su familia por la persecución política contra Jair Bolsonaro.
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este viernes la revocación del visado estadounidense al juez comunista brasileño Alexandre de Moraes, a su familia y a sus aliados dentro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil.
La medida se produce tras la reciente decisión de Moraes de ordenar que el expresidente Jair Bolsonaro use una tobillera electrónica durante su régimen de arresto domiciliario mientras se intensifica la persecución judicial ordenada en su contra por el gobierno de Lula Da Silva.
Rubio, en un comunicado oficial a través de sus redes sociales, denunció lo que calificó como una ''caza de brujas política'' contra Bolsonaro, y aseguró que el accionar de Moraes constituye una violación de los derechos fundamentales. Según Rubio, el proceso judicial en Brasil ha cruzado fronteras y representa un ataque a la libertad de expresión.
Sanciones para detener la persecución judicial
''El presidente Trump dejó claro que su administración exigirá responsabilidades a los extranjeros responsables de la censura de la libertad de expresión en Estados Unidos'', señaló Rubio.
La decisión estadounidense coincide con el agravamiento de la persecución judicial de Bolsonaro. El expresidente está siendo acusado falsamente de planificar y respaldar a los disturbios del 8 de enero de 2023, algo que el comunista de Lula califica como "un intento de golpe de estado".
El juez Moraes, quien lleva adelante varias investigaciones contra Bolsonaro y su entorno, determinó recientemente medidas como la incautación del pasaporte del exmandatario y, ahora, el uso de un dispositivo de monitoreo electrónico. Además, investiga una supuesta red de desinformación y discursos de odio promovidos por aliados del expresidente.
La revocación de visas por parte del Departamento de Estado es vista por analistas como una jugada política interna del gobierno de Trump, que busca reafirmar su oposición a los abusos judiciales del gobierno brasileño.
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