En una decisión que profundiza el rumbo progresista de Europa, Gran Bretaña aprobó la despenalización del aborto para las mujeres, eliminando cualquier castigo penal vinculado a la práctica.
La reforma mantiene el límite legal de 24 semanas de gestación y el control médico obligatorio, pero introduce un cambio de fondo: el aborto deja de ser considerado un delito para las mujeres y pasa a encuadrarse exclusivamente como una cuestión sanitaria.
Para el gobierno, se trata de un “avance en derechos”. Sin embargo, para amplios sectores críticos, la medida representa un paso más en la institucionalización de la cultura del descarte.
Un cambio legal que borra límites y responsabilidades
El nuevo marco normativo implica una redefinición total del aborto dentro del sistema legal británico:
Se elimina la sanción penal para las mujeres
Se mantiene el límite de 24 semanas
Continúa el requisito de intervención médica
El aborto pasa a tratarse únicamente como práctica de salud
