El socialista Juan Merchan, quien persiguió política y judicialmente a Trump en los últimos años vuelve a la carga
Argumentan que el caso nunca debería haberse presentado y que su continuación interfiere con la transición presidencial y la preparación de Trump para ejercer el poder ejecutivo autorizado por la Constitución.
Además, en noviembre, Bragg pidió a Merchan que suspendiera el caso hasta el final del segundo mandato de Trump, una solicitud que fue rechazada por los abogados de Trump.
Estos señalaron que el Departamento de Justicia había concluido que no se puede procesar a un presidente en funciones a nivel federal y que suspender el caso hasta que Trump termine su mandato sería una opción inviable.
Este rechazo judicial de la solicitud de Trump y la confirmación de la fecha de sentencia ocurren en medio de un proceso legal que ha atraído atención nacional debido a su naturaleza y la figura de Trump.
Aunque el presidente electo enfrenta cargos legales, se espera que continúe luchando contra las acusaciones, afirmando que son un intento de socavar su liderazgo y sus perspectivas políticas mediante la persecución sistemática de forma política y judicial.
Merchan nació en Colombia, hijo de padre militar, y a muy temprana edad se trasladó a Queens, Nueva York, donde creció. Luego de estudiar negocios en Manhattan y obtener un doctorado en derecho en Nueva York, comenzó su carrera judicial.
Tras actuar como fiscal una serie de años, el alcalde demócrata Michael Bloomberg, lo nombró en el Tribunal de Familia de la Ciudad de Nueva York. En el año 2009, fue nombrado como juez interino en la Corte Suprema de Justicia de Nueva York.
El juez ha colaborado en reiteradas ocasiones con el Partido Demócrata y sus causas. Un ejemplo de esto es el gran aporte realizado en las elecciones presidenciales de 2020, en la cual donó a la campaña de Joe Biden. También contribuyó al comité de acción política progresista ''Progressive Turnout Project'' y a ''Stop Republicans''.
El juez demócrata Juan Merchan, de Nueva York, rechazó el viernes la solicitud del presidente electo Donald Trump para anular su condena en el caso relacionado con el pago de dinero por silencio, conocido como el "caso de dinero callado".
La petición de Trump se basaba acertadamente en la decisión del Tribunal Supremo sobre la inmunidad presidencial. Merchan también desestimó la sugerencia del fiscal de distrito de Nueva York, Alvin Bragg, de suspender el veredicto pero finalizar los procedimientos, ya que esto habría impedido el derecho de Trump a apelar.
El juicio de Trump, que comenzó con una investigación sobre pagos por silencio a dos mujeres que alegaban haber tenido relaciones sexuales con él, culminó con una condena por 34 cargos de falsificación de registros comerciales.
A pesar de la condena, Merchan indicó que no es probable que imponga una sentencia de prisión, sino que podría optar por una "descarga incondicional", lo que significa que no se impondría ninguna pena. La sentencia está programada para el 10 de enero de 2025, y Trump tiene la opción de asistir en persona o de manera virtual.
En su decisión, Merchan explicó que las pruebas presentadas en el juicio estaban relacionadas con conductas "no oficiales", lo que descalificaba la protección por inmunidad que los presidentes tienen para actos oficiales realizados durante su mandato.
Trump y su flamante equipo de abogados habían argumentado correctamente que la inmunidad presidencial, reconocida por el Tribunal Supremo, debía aplicarse a este caso, dado que consideraban que las acciones de Trump fueron parte de sus funciones oficiales. Sin embargo, Merchan determinó que los hechos en cuestión no correspondían a actos oficiales, y por lo tanto, no merecían inmunidad.
El equipo legal de Trump, encabezado por su abogado Todd Blanche, presentó una moción en julio solicitando que se anulara la condena basándose en la decisión del Tribunal Supremo, que establece que los presidentes gozan de inmunidad para los actos oficiales realizados mientras están en funciones.
Según los abogados de Trump, las pruebas de "actos oficiales" no debieron haber sido admitidas en el juicio. A pesar de estos esfuerzos, Merchan rechazó la moción en noviembre, manteniendo la validez de los cargos.
Trump y sus abogados han calificado el caso como una persecución política motivada por las opiniones del presidente electo y su amenaza para los políticos corruptos establecidos en Washington.
