Entre las empresas más afectadas se encuentran gigantes del petróleo como Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo, que podría enfrentar la mayor evaluación anual, con USD 640 millones al año. Otras compañías internacionales que podrían enfrentar sanciones incluyen a la mexicana Pemex, la rusa Lukoil, la británica BP, la francesa Total Energies, y la estadounidense Exxon, entre otras.
La nueva ley ha sido correctamente objeto de fuertísimas críticas. Los opositores, incluidos más de 30 empresas energéticas y grupos empresariales, advirtieron que la medida resulta inviable, podría enfrentar desafíos legales y, en última instancia, aumentaría los costos para los consumidores.
Ken Pokalsky, vicepresidente del New York State Business Council, cuestionó la viabilidad de la ley, sugiriendo que, en lugar de dejar de vender combustibles en Nueva York, las empresas podrían transferir los costos a los consumidores, lo que resultaría en precios más altos para las empresas y los hogares.
