La justicia alemana respaldó los insultos y las amenazas hacia los votantes de derecha

El término "nacionalsocialista", según la fiscalía, no debe entenderse como un "insulto directo", sino más bien como un término genérico que describe una postura de "extrema derecha", la cual, según ellos, en el caso de la AfD está "fundamentada en hechos".

De acuerdo con las autoridades, no se abrió ninguna investigación formal contra Fischer, ya que "no existen indicios de un posible delito como incitación al odio o insulto", a pesar de que llamó a golpear a votantes de derecha.

Robert Lambrou, presidente del grupo parlamentario de la AfD en el parlamento regional, calificó la decisión como "impactante", argumentando que los llamamientos a la violencia contra los votantes de la oposición no deberían estar protegidos por la "libertad de expresión".

Lambrou comparó esta situación con los casos en los que se sancionan a las personas que hacen comentarios menos graves en redes sociales, sugiriendo que esto podría destruir aún más la confianza en el Estado de derecho.

La doble vara de la justicia alemana es evidente, si votas a la derecha e insultas a la izquierda, te condenan por "delito de odio", pero si sos de izquierda y pedis que agredan físicamente a la oposición, la justicia lo considera "libertad de expresión".

Insultar a políticos en Alemania es ilegal

En teoría, cualquier funcionario político en Alemania, desde el canciller hasta los niveles municipales, tiene la posibilidad de presentar denuncias por insultos públicos si considera que esto afecta su "reputación" o su capacidad para desempeñar su función. Si los acusados son declarados culpables, pueden enfrentarse a una multa o incluso hasta tres años de prisión.

Es importante no confundir estos "insultos" con casos de difamación, ya que estos están regulados por una legislación distinta y pueden acarrear penas más severas, de hasta cinco años de cárcel en su máximo.

Un caso relevante que puso en debate una ley similar ocurrió cuando el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, intentó utilizarla para investigar penalmente a varias personas en Alemania, incluyendo al comediante Jan Böhmermann, por comentarios críticos hacia él.

El escándalo generado por este intento de procesar a los críticos llevó a la abolición de la ley que protegía a los jefes de estado extranjeros. Sin embargo, la legislación que otorga protección a los políticos alemanes se mantuvo. En 2021, esta ley fue modificada para aclarar que las comunicaciones en línea también podían ser consideradas dentro de este marco legal.