Los republicanos avanzan con una votación por desacato a los Clinton tras un intento desesperado por declarar

El presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, rechazó una oferta de última hora de Bill y Hillary Clinton para cooperar parcialmente con la investigación del Congreso sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, mientras la Cámara se encamina a votar esta semana si declara al matrimonio en desacato al Congreso.

En una carta fechada el 2 de febrero, Comer afirmó que la propuesta presentada por los abogados de los Clinton imponía limitaciones inaceptables al alcance del testimonio, en particular al restringir a cuatro horas una eventual comparecencia del expresidente Bill Clinton y permitir que la exsecretaria de Estado Hillary Clinton respondiera únicamente mediante declaraciones juradas. A cambio, los abogados solicitaron retirar las citaciones y las resoluciones de desacato, una condición que el comité se negó a aceptar.

Comer sostuvo que las restricciones planteadas impedirían al Congreso comprender adecuadamente la naturaleza de las relaciones personales de Bill Clinton con Epstein y con su colaboradora Ghislaine Maxwell, así como determinar si tuvo conocimiento del entramado de tráfico sexual o de los intentos de ambos por influir en figuras de poder para protegerse.

El legislador republicano también cuestionó la afirmación de los Clinton de que no poseen información relevante, señalando que dicha postura resulta poco creíble dada la relación documentada entre el expresidente y Epstein.

El presidente del comité acusó además al matrimonio de buscar un trato especial, recordando que han pasado casi seis meses desde que recibieron las citaciones originales y varias semanas desde que no se presentaron a las deposiciones programadas. Según Comer, esa conducta constituye una falta de respeto a la autoridad del Congreso y a la demanda pública de transparencia.

La investigación del Comité de Supervisión se enmarca en los esfuerzos del Congreso por esclarecer el alcance de las redes de abuso, encubrimiento e influencia vinculadas a Epstein, quien murió en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras aguardaba juicio por cargos federales de tráfico sexual.

En julio pasado, un subcomité aprobó la emisión de citaciones contra varias personas de alto perfil, incluidos los Clinton, para obtener información relacionada con el caso.

Durante meses, los abogados del matrimonio han sostenido que las citaciones son ''inválidas e inaplicables'', al carecer (según ellos) de un propósito legislativo legítimo y vulnerar la separación de poderes.

También han argumentado que la citación de Bill Clinton, como expresidente, es una medida excepcional. Sin embargo, el comité ha respondido que ningún ciudadano está exento de cumplir con citaciones válidas del Congreso.

La disputa se intensificó el mes pasado cuando el comité avanzó, de forma bipartidista, con resoluciones para declarar a los Clinton en desacato penal. Nueve demócratas apoyaron la medida contra Bill Clinton y tres lo hicieron en el caso de Hillary Clinton, un hecho inusual que reflejó divisiones dentro del Partido Demócrata y el respaldo de algunos legisladores a una investigación completa.

Comer indicó que el comité habría considerado una entrevista transcrita con Bill Clinton si la propuesta se hubiera presentado en una etapa inicial. No obstante, tras meses de negativas y el incumplimiento de las citaciones, señaló que el comité no puede confiar en que el expresidente comparezca sin eludir preguntas clave o invocar su derecho a no declarar.

También rechazó la exigencia de contar con un transcriptor adicional propuesto por la defensa, al considerar que podría generar confusión o disputas sobre el registro oficial del testimonio.

El comité sostiene que la negativa del matrimonio a comparecer plenamente obstaculiza una investigación legítima sobre uno de los escándalos de abuso sexual más graves de las últimas décadas.

Si la Cámara aprueba las resoluciones de desacato, el caso será remitido al Departamento de Justicia, que deberá decidir si presenta cargos penales. El desacato al Congreso puede acarrear penas de prisión de hasta un año y multas de hasta 100.000 dólares.