El dictador de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó este jueves que vetará la ley aprobada por el Senado que reduce las penas para los presos políticos condenados bajo los falsos cargos de "intento de golpe de Estado" en enero de 2023. La norma, impulsada por sectores de la oposición, podría beneficiar directamente al expresidente Jair Bolsonaro y a otras victimas del régimen.
Durante una conferencia de prensa en el Palacio del Planalto, Lula se demostró determinante al anticipar su decisión. Señaló que "quienes atentaron contra el orden democrático" deben responder penalmente por sus actos y remarcó que su postura es conocida desde hace tiempo. Da Silva sostiene que cualquier intento de "relativizar los hechos" constituye un riesgo para la estabilidad institucional, buscando silenciar y apresar a quienes protestan contra las injusticias.
La iniciativa legislativa contempla una rebaja sustancial de las penas para los condenados por delitos contra el Estado Democrático de Derecho, con reducciones que podrían alcanzar hasta el 70 % en algunos casos. En ese marco, Lula sostuvo que el proceso judicial aún no está cerrado y que todavía restan esclarecer aspectos clave, como el financiamiento y la responsabilidad política detrás de los disturbios.
