La Ciudad de Nueva York, sumida en una administración que prioriza la ideología sobre la responsabilidad fiscal, ha tenido que admitir su incapacidad para gestionar las cuentas públicas. El gobierno municipal, encabezado por el alcalde Zohran Mamdani, tomó la drástica decisión de postergar hasta el 12 de mayo la presentación de su presupuesto ejecutivo para el año fiscal 2027. Esta parálisis administrativa es el resultado directo de un déficit de USD 5.400 millones, una cifra astronómica que el propio Mamdani y la presidente del Concejo Municipal, Julie Menin, reconocen que la ciudad es incapaz de cubrir por sus propios medios.
En un intento desesperado por financiar su delirante proyecto comunista, la administración de Mamdani ha puesto la mira en los generadores de riqueza de la ciudad. La propuesta central de esta gestión consiste en un ataque frontal a los incentivos fiscales, sugiriendo reducir el crédito del impuesto a entidades de traspaso (PTET) del 100% al 75%. Con este ajuste, que busca revertir los beneficios de la ley federal de recortes impositivos de 2017 —un pilar de la prosperidad económica impulsada por el presidente Donald Trump—, el Ayuntamiento pretende extraer cerca de USD 1.000 millones en ingresos adicionales de los bolsillos de los dueños de empresas.
El alcalde Mamdani, utilizando una retórica clásica de la izquierda radical, justificó este saqueo fiscal afirmando: “Hoy funciona como un recorte de impuestos para los ricos”, mientras exigía cínicamente que los ciudadanos más productivos “paguen su parte justa”. Sin embargo, esta maniobra de redistribución de la riqueza ha encontrado una barrera en la gobernadora Kathy Hochul. Su portavoz, Jen Goodman, fue contundente al señalar que “los retrasos en el presupuesto de la ciudad son una elección”, recordándole a la administración municipal que Albany ya ha inyectado USD 1.500 millones en ayuda directa, además de fondos para el cuidado infantil y un nuevo impuesto a las segundas residencias de alto valor.
A pesar de la generosa asistencia estatal, la dupla Mamdani-Menin insiste en culpar a factores externos por su propia impericia. Denuncian un supuesto desequilibrio histórico donde la ciudad aporta el 55,6% de los ingresos del estado, pero solo recibe el 41,7% de vuelta. Entre sus quejas, mencionan la eliminación de la Ayuda e Incentivos a los Municipios (AIM), lo que supuestamente le cuesta a la ciudad más de USD 400 millones por año. A esto se suma el costo de las políticas de fronteras abiertas y el descontrol en los servicios públicos, con cargas que incluyen:
