En el Reino Unido, una reciente investigación reveló que más de 30 personas son arrestadas cada día por "delitos" relacionados con la libertad de expresión, lo que equivale a cerca de 12.000 detenciones al año.
Estos arrestos se basan en autoritarias leyes que tipifican como delito el envío de mensajes "groseramente ofensivos" o la difusión de contenido "indecente, obsceno o amenazante".
En los últimos meses, las redes sociales se llenaron de videos que muestran a policías británicos entrando por la fuerza en domicilios de personas en mitad de la noche, llevándose a personas arrestadas por el simple hecho de haber realizado publicaciones en Facebook o mensajes en X.
Por ejemplo, Maxie Allen, productor de radio de Hertfordshire, estaba en una videollamada por Zoom desde su casa cuando vio a la policía de pie detrás de él. Seis oficiales tocaron a la puerta y su pareja, Rosalind Levine, abrió, pensando que había ocurrido una emergencia, para finalmente detenerlos a ambos debido a comentarios realizados en un grupo privado de WhatsApp destinado a padres del colegio de sus hijos.
La policía británica allanando una casa.
En esa conversación, calificada como un "crimen" según las autoridades británicas, la pareja había cuestionado repetidamente la lentitud de la escuela pública para designar a un director interino.
"Esto ha sacudido mi confianza en el país en el que creía vivir. Nunca pensé que expresar opiniones sobre la gestión de una institución y exigir responsabilidades a funcionarios públicos pudiera llevarme al arresto", declaró Allen, de 50 años, a los medios.
Hay numerosos casos similares. En 2018, un hombre que se identificó como "Adam" llamó a la radio británica LBC para relatar su encuentro con la policía a comienzos de ese año. "Soy asiático e hice un dibujo de un amigo mío, que también es asiático, y le dije: ‘Pareces un terrorista’. A él le pareció divertido", contó a la emisora.
Sin embargo, otra persona vio el dibujo, se ofendió y llamó a la policía. Meses después, Adam y su amigo fueron citados para declarar ante las autoridades, aunque el amigo aseguró que se había reído del dibujo y no se sintió ofendido. Aun así, la policía registró un “incidente de odio no delictivo” y obligó a Adam a enviarle una carta de disculpas por correo electrónico.
Keir Starmer, primer ministro británico.
En octubre pasado, Adam Smith-Connor, veterano del ejército de 51 años, fue condenado y multado con 12.000 dólares por rezar en silencio frente a una clínica de abortos en Dorset. En abril, el filósofo francés Renaud Camus, crítico de la inmigración ilegal masiva, fue prohibido de ingresar al Reino Unido, donde tenía previsto dar un discurso. Y la lista continúa, una y otra vez.
La respuesta de Estados Unidos
Estos casos se hicieron tan polémicos que llamaron la atención de Estados Unidos, que está adoptando una postura más firme contra la censura en Europa. En febrero, durante un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el vicepresidente JD Vance criticó con dureza la “crisis de censura” que se vive en el Reino Unido.
Hace unas semanas, el Informe anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de EEUU señaló las “graves restricciones a la libertad de expresión” impuestas por las autoridades británicas, indicando que la “situación de los derechos humanos empeoró” en el último año, y criticó leyes como la Ley de Seguridad en Línea de 2023.
“Consideramos que la libertad de expresión es un componente fundamental para el funcionamiento de una democracia”, declaró a los periodistas la secretaria de prensa del Departamento de Estado, Tammy Bruce, calificando las medidas del gobierno británico como “intolerables en una sociedad libre”.
