
Moraes exige a la Fiscalía pronunciarse por cautelares y presunta fuga de Bolsonaro
Con Moraes como brazo represor, el oficialismo redobla la presión contra Jair Bolsonaro tras un eventual regreso político.
El clima político en Brasil atraviesa una etapa de máxima tensión. El juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, conocido por su rol autoritario contra la oposición, volvió a apuntar contra el expresidente Jair Bolsonaro. En una nueva maniobra, el magistrado le dio 48 horas a la Fiscalía General para que se pronuncie sobre el supuesto “incumplimiento de medidas cautelares” y el riesgo de fuga del líder conservador.
El argumento que utilizó Moraes se basa en la aparición de una presunta carta en la que Bolsonaro habría pedido “asilo político urgente” al presidente argentino Javier Milei. Además, insinuó que el exmandatario podría intentar refugiarse en la Embajada de Estados Unidos en Brasil, lo que alimenta el discurso de persecución política que viene denunciando el bolsonarismo frente al hostigamiento judicial del lulismo.

En paralelo, la derecha brasileña analiza su estrategia de cara a las presidenciales de 2026. Hoy, el escenario muestra múltiples actores en juego:
Tarcísio de Freitas, gobernador de São Paulo, aparece como el nombre con mayor proyección para enfrentar a Lula. Su candidatura, sin embargo, dependería del respaldo explícito de Bolsonaro. Aunque mantiene lealtad personal, en el plano político está comenzando a tomar distancia. El centrão ya lo impulsa como su opción preferida, aunque no convence a todos los sectores bolsonaristas ni al ala más cercana al movimiento MAGA en EE.UU.
Romeu Zema, gobernador de Minas Gerais, se lanzó oficialmente a competir.
Ratinho Jr., gobernador de Paraná, también figura en la lista de posibles candidatos.
Michelle Bolsonaro, ex primera dama, genera expectativas con alto potencial de crecimiento electoral, aunque sin experiencia política concreta.
Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del expresidente, atraviesa problemas judiciales que complican su escenario.

El dato clave es que Tarcísio está recibiendo críticas internas, incluso de Eduardo y Carlos Bolsonaro, lo que refleja la tensión en el armado opositor.
Pese a que hoy Jair Bolsonaro se encuentra inelegible, su figura sigue siendo el motor de la derecha brasileña. La condición necesaria para habilitar su candidatura sería una amnistía amplia, general e irrestricta que elimine sus causas judiciales. Este “perdón colectivo”, impulsado con fuerza desde el exterior por Eduardo Bolsonaro y con apoyo de sectores en Estados Unidos, ya cuenta con los votos en el Congreso.
El problema radica en la falta de decisión de los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, que mantienen la iniciativa cajoneada. Sin embargo, de avanzar, el proyecto tendría la aprobación asegurada, lo que liberaría a Bolsonaro de consecuencias penales y allanaría su regreso político.
La cuestión de la inelegibilidad, incluso, se percibe como un obstáculo menor: en 2026, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) será Kassio Nunes y el vicepresidente André Mendonça, ambos designados por Bolsonaro. Con una simple medida cautelar (liminar), se podría suspender temporalmente la proscripción y habilitarlo para competir.
La próxima semana será decisiva: está previsto el juzgamiento de Jair Bolsonaro, un capítulo que puede redefinir la dinámica electoral y jurídica del país. Mientras Lula se aferra al poder judicial como arma política, la derecha brasileña debate entre resistir la proscripción y preparar un plan alternativo.
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