Francia ha registrado su tercer sábado consecutivo de violentos disturbios e insurrección en las calles. Lo que comenzó como jornadas de protesta convocadas agrupaciones e inmigrantes musulmanes derivó en un escenario de extrema tensión urbana, caracterizado por el choque frontal entre terroristas encapuchados y las fuerzas de seguridad en las principales urbes del país.
La magnitud del despliegue masivo arrojó diferencias en los cómputos oficiales e independientes: mientras la coalición de organizaciones juveniles y sindicatos calculó la participación en casi medio millón de personas en todo el territorio nacional —incluidas 200.000 en París—, los reportes oficiales emitidos por el Ministerio del Interior y la Prefectura de Policía fijaron la concurrencia en 320.000 manifestantes a nivel nacional y 70.000 en la capital. La gravedad del enfrentamiento dejó una cifra masiva de arrestos comunicada por los distintos medios de prensa, los cuales reportaron un saldo de al menos 420 criminales detenidos.
La escalada violenta alcanzó su punto más severo en la capital, donde se denunció un salvaje atentado contra las fuerzas del orden: un gendarme fue alcanzado por un cóctel molotov, lo que provocó que su cuerpo prendiera fuego en medio de la marcha. En esa misma línea de agresiones, se constataron múltiples ataques contra la Policía francesa mediante el uso sistemático de bombas incendiarias y proyectiles. La información proveniente de los reportes atribuye la autoría de estos episodios de vandalismo a terroristas de extrema izquierda, así como a colectivos de africanos y musulmanes. En uno de los incidentes denunciados durante el colapso del orden público, un manifestante encaró directamente a un oficial y fue dejado marchar por la policía sin sufrir arresto ni consecuencia alguna.
Al finalizar los recorridos oficiales, grupos de manifestantes encapuchados se negaron a disolverse e iniciaron batallas campales. Utilizando martillos para arrancar adoquines del pavimento, los manifestantes procedieron a arrojárselos de manera continua a los efectivos policiales, además de lanzar al menos un artefacto incendiario contra los escuadrones antidisturbios. Frente a este escenario, las fuerzas de seguridad recurrieron de forma masiva al uso de gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar los focos de insurrección.
El temor de las autoridades a un colapso generalizado se sustenta en el grave antecedente del 17 de octubre, fecha en la que marchas similares terminaron con un saldo devastador de 3.000 comercios saqueados, incendios intencionales en edificios públicos y graves destrozos a la propiedad privada.
Para enfrentar el estallido, el gobierno activó un operativo policial excepcional de 70.000 policías y gendarmes en todo el territorio nacional, apoyado por unidades móviles, vehículos blindados, drones y helicópteros. Adicionalmente, el Ayuntamiento de París desplegó a 1.000 agentes municipales para intentar recuperar el espacio público y retirar objetos urbanos susceptibles de ser utilizados para causar daños.
