El parlamento de Rumanía destituyó al primer ministro y desató una fuerte crisis política

A pesar del escenario político fragmentado, la convocatoria de elecciones anticipadas se considera poco probable debido a las restricciones constitucionales. Para disolver el Parlamento sería necesario rechazar dos propuestas consecutivas de primer ministro en un plazo de 60 días, un proceso que analistas consideran improbable dado el interés de los partidos proeuropeos en evitar un adelanto electoral.

El PSD ha manifestado su disposición a regresar a una coalición pro-europea, aunque condiciona su apoyo a la designación de un nuevo primer ministro. No obstante, tanto el PNL como la Unión Salvar Rumanía (USR) han rechazado, al menos públicamente, retomar negociaciones con los socialdemócratas, lo que complica aún más la formación de una mayoría estable.

Antes de la votación, Bolojan defendió su gestión y cuestionó a sus adversarios por la falta de una alternativa clara. ''¿Puede alguien decir cómo funcionará Rumanía a partir de mañana?'', preguntó ante el Parlamento, subrayando que las medidas adoptadas, aunque impopulares, eran necesarias para evitar un deterioro mayor de la economía.

En el plano internacional, Rumanía mantiene un papel relevante como miembro de la Unión Europea y de la OTAN, además de ser un aliado clave de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022. El país ha facilitado exportaciones agrícolas ucranianas, proporcionado apoyo militar y participado en el entrenamiento de pilotos, lo que añade un componente geopolítico a la necesidad de estabilidad interna.

La crisis política ha generado inquietud en los mercados financieros. La moneda nacional, el ''Leu'', cayó a un mínimo histórico frente al euro antes de la votación, reflejando la preocupación de los inversores por la estabilidad fiscal del país. Rumanía registra actualmente el mayor déficit presupuestario de la Unión Europea, y existe el riesgo de que la inestabilidad retrase las reformas necesarias para corregirlo, lo que podría derivar en una rebaja de su calificación crediticia.

Además, el país se encuentra bajo presión para implementar reformas clave que le permitan acceder a unos 10.000 millones de euros en fondos europeos antes de una fecha límite en agosto. La falta de un Gobierno con plenas funciones podría dificultar el cumplimiento de estos compromisos y comprometer el acceso a esos recursos esenciales para la recuperación económica.

El Ejecutivo saliente había asumido el poder hace diez meses con una agenda centrada en la consolidación fiscal y la estabilidad política, en un contexto marcado por elecciones polarizadas y el ascenso de fuerzas euro-escépticas. Sin embargo, las medidas de ajuste económico impulsadas por Bolojan provocaron tensiones dentro de la coalición, especialmente con el PSD, cuyo electorado se vio afectado por los recortes y reformas.

Repercusiones en Rumanía

El líder del AUR, George Simion, celebró la caída del Gobierno y aseguró que representa una victoria para la voluntad popular. Su formación, de corte nacionalista, de derecha y crítica con la Unión Europea, encabeza actualmente las encuestas con cerca del 35% de intención de voto, lo que incrementa la presión sobre los partidos tradicionales para evitar elecciones anticipadas que podrían fortalecer aún más a la extrema derecha.