El Congreso salvadoreño avanza en una reforma que devuelve el protagonismo al voto popular.
La oposición, reducida numéricamente en el Congreso, expresó su rechazo sin lograr incidir en el resultado. Desde el partido ARENA, la diputada Marcela Villatoro afirmó ante la prensa que “hoy ha muerto la democracia en El Salvador”, y calificó el proceso de aprobación como “burdo y cínico”.
En una jornada que marca un antes y un después para la política salvadoreña, la Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos a favor —sobre un total de 60— una reforma constitucional que habilita la reelección indefinida del presidente de la República, extiende el mandato presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral.
El cambio fue impulsado por el partido oficialista Nuevas Ideas, que lidera el actual presidente Nayib Bukele, junto a sus aliados legislativos. La medida fue aprobada en el marco de una sólida mayoría parlamentaria que refleja el respaldo popular cosechado por el oficialismo en las urnas.
La reforma modifica los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, y constituye un paso decisivo en la reconfiguración del sistema político salvadoreño. Uno de los puntos clave es la eliminación de la restricción que prohibía la reelección inmediata del jefe de Estado.
Además, la supresión de la segunda vuelta presidencial busca simplificar el proceso electoral y evitar el desgaste institucional de una doble instancia que muchas veces termina tergiversando la voluntad popular.
Pese a las críticas, la reforma aún debe ser aprobada por una legislatura posterior, tal como lo establece el procedimiento constitucional salvadoreño. Sin embargo, dado que el bloque de Nuevas Ideas mantiene una mayoría amplia en el Parlamento, se prevé que la ratificación se concrete sin mayores obstáculos en los próximos meses.
En términos electorales, el cambio permite que Bukele pueda presentarse nuevamente como candidato presidencial en los comicios previstos para 2027, a pesar de que su actual mandato concluye en 2029.
La aprobación de esta reforma no es un hecho aislado. Se da en un contexto político en el que el gobierno de Bukele ha avanzado en una agenda de reformas que cuestiona abiertamente el modelo institucional heredado.
Desde su llegada al poder en 2019, el Ejecutivo ha promovido cambios judiciales, electorales y constitucionales que han desarmado estructuras de poder tradicionales, muchas veces atadas a intereses partidarios, organizaciones no gubernamentales extranjeras y organismos multilaterales.
En septiembre de 2021, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional habilitó la reelección inmediata, revirtiendo criterios previos que la consideraban inconstitucional. La reforma actual no hace más que consolidar legalmente esa posibilidad, eliminando ambigüedades y abriendo el juego de cara al futuro.
Mientras tanto, los organismos de derechos humanos y ciertos observadores internacionales continúan con sus advertencias sobre una presunta “concentración de poder”, repitiendo los viejos mantras que muchas veces han servido para frenar procesos de transformación profunda en América Latina.
Durante el debate parlamentario, la diputada oficialista Ana Figueroa justificó la iniciativa recordando que “históricamente la reelección siempre ha existido en El Salvador para casi todos los cargos de elección popular sin prohibiciones” y defendió la medida como una herramienta para “darle el poder total al pueblo salvadoreño”.
