El Gobierno comunista de Pedro Sánchez avanza en un proceso de ampliación del cuerpo electoral que podría alterar significativamente el mapa político español. A través de la concesión acelerada de la nacionalidad a millones de personas en el extranjero, el Ejecutivo impulsa una política que diversas fuentes parlamentarias interpretan como una maniobra para compensar su falta de apoyos internos. Bajo el paraguas de la Ley de Memoria Democrática, conocida como la “ley de nietos”, el Gobierno facilitó el acceso al pasaporte español a descendientes de exiliados de la Guerra Civil y del franquismo, así como a hijos de mujeres que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros. El plazo para acogerse a este mecanismo finalizó el 22 de octubre de 2025, tras una prórroga, generando un volumen de solicitudes sin precedentes.
Las cifras dan cuenta de la magnitud del fenómeno. Hasta finales de febrero se registraron 2.560.193 solicitudes, de las cuales ya se resolvieron 538.329 expedientes. De ellos, 531.297 fueron aprobados frente a apenas 7.032 denegaciones, lo que arroja una tasa de aceptación cercana al 98%. De mantenerse esta tendencia, el número total de nuevos ciudadanos podría superar ampliamente los 2,5 millones. Desde la oposición, VOX denuncia la falta de transparencia del Ejecutivo. Señalan haber solicitado reiteradamente información detallada sobre las concesiones sin obtener respuestas claras, acusando al Gobierno de evitar precisar el verdadero alcance electoral de estas nacionalizaciones.
Inmigrantes ilegales en España.
La clave del proceso radica en los derechos políticos inmediatos que otorga. A diferencia de otros mecanismos migratorios, los beneficiarios adquieren directamente el derecho al voto tras su inscripción en el Registro Civil. De los expedientes aprobados, cerca de 292.944 personas ya completaron este trámite, quedando habilitadas para participar en futuros comicios sin restricciones. Sin embargo, el impacto electoral presenta matices. Entre los nuevos nacionales hay menores de edad y personas de avanzada edad, lo que limita su peso inmediato. Además, fuentes diplomáticas subrayan que muchos no buscan involucrarse en la política española, sino acceder a las ventajas de un pasaporte europeo que facilite la movilidad y oportunidades laborales dentro del espacio Schengen.
Aun así, el efecto potencial sobre el Censo Electoral de Residentes Ausentes es significativo. En las elecciones generales de 2023, este padrón superaba los 2,28 millones de electores, aunque con una participación reducida, en torno al 8%. Pese a ello, el voto exterior ya ha demostrado ser determinante en la asignación de escaños en convocatorias recientes. El volumen de solicitudes obligó a habilitar sistemas telemáticos adicionales para evitar el colapso consular: más de 1,17 millones se realizaron de forma presencial y cerca de 1,39 millones por vía digital.
Pedro Sánchez
En paralelo, el Ejecutivo adjudicó un contrato por 1,7 millones de eurospara agilizar la tramitación de nacionalidades. La empresa seleccionada fue Neoris España SL, que prestará servicios de desarrollo, mantenimiento y soporte a los sistemas del Ministerio de Justicia. La adjudicación fue realizada por la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Justicia, dependiente del ministerio encabezado por Félix Bolaños, a través de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
El volumen de expedientes vinculados a esta vía asciende a aproximadamente 2,3 millones, correspondientes a descendientes de españoles en el exterior. Mientras una parte significativa ya fue resuelta favorablemente, el resto continúa en tramitación dentro del marco legal de nacionalidad por opción, que incluye a hijos y nietos de emigrados antes de 1978, según las disposiciones ampliadas por la normativa de 2022.
