España se encamina hacia un cambio electoral de magnitud histórica. Con 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad presentadas bajo la llamada ley de nietos, el Gobierno comunista de Pedro Sánchez abrió la puerta a una expansión del electorado que podría crecer un 6% y modificar profundamente el resultado de las próximas elecciones.
Las cifras, reveladas por los medios, muestran una avalancha de trámites sin precedentes, impulsada por una norma incluida en la Ley de Memoria Democrática, uno de los proyectos más ideológicos del actual Ejecutivo. Esta ley permite acceder a la ciudadanía no sólo a descendientes de españoles, sino también a hijos y nietos de exiliados o represaliados del franquismo, una categoría amplia que ha disparado las solicitudes principalmente en América Latina.
El Gobierno esperaba alrededor de un millón y medio de solicitudes, pero la cifra final desbordó todos los cálculos, multiplicando por casi cinco los registros del precedente más cercano: la norma aprobada en 2007 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, que recibió poco más de medio millón de solicitudes.
La consecuencia política más inmediata se observará en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). En las elecciones europeas de 2024 había inscritos 2.386.250 votantes; si prosperan todas las solicitudes actuales, la cifra rozaría los cinco millones, un aumento del 100% que intensifica el peso del voto exterior hasta dimensiones inéditas.
La participación de este electorado, históricamente marginal, adquiriría una relevancia equivalente a la de comunidades autónomas enteras. Se trata de un sector cuya inclusión masiva podría redefinir proyecciones políticas, alterando el equilibrio electoral en comicios generales, autonómicos y europeos.
La gran incógnita es cuánto tardará el Ministerio en tramitar los millones de expedientes. No obstante, incluso si la aprobación es gradual, España ya avanza hacia un escenario donde millones de nuevos ciudadanos con derecho a voto reconfigurarán el mapa político.
Mientras el Gobierno defiende la ampliación masiva de la ciudadanía y evita hablar de sus efectos electorales, otro dato aún más alarmante permanece prácticamente ausente del discurso oficial: el creciente peso de los inmigrantes en los asesinatos de mujeres cometidos en España durante la última década.
