La izquierda peruana vuelve a atravesar un escándalo judicial en plena campaña presidencial: la Fiscalía solicitó una condena de 5 años y 4 meses de prisión contra Roberto Sánchez, el candidato comunista de Juntos por el Perú, por presuntas irregularidades en la información financiera presentada por su partido ante la ONPE.
El pedido fue realizado por el fiscal Humberto Ruiz, quien acusa a Sánchez de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones e ingresos partidarios presentados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entre 2018 y 2020.
Otro escándalo de corrupción golpea a la izquierda peruana.
Según la acusación fiscal, el partido habría reportado ingresos por “0 soles” en distintas campañas electorales, pese a que se detectaron movimientos de dinero por más de 200 mil soles en cuentas vinculadas al hermano del candidato, William Sánchez Palomino. De acuerdo con la investigación, esos fondos habrían sido utilizados para actividades partidarias y campañas políticas, pero nunca fueron declarados oficialmente ante las autoridades electorales peruanas.
La causa tomó especial relevancia debido a que Sánchez logró avanzar a la segunda vuelta presidencial, donde enfrentará a la candidata de derecha Keiko Fujimori. La audiencia clave del caso fue fijada para el próximo 27 de mayo, apenas días antes de la definición electoral prevista para el 7 de junio.
La Fiscalía sostiene además que el líder izquierdista presentó reportes financieros falsos en campañas legislativas y regionales, omitiendo depósitos y aportes realizados por militantes del espacio. Incluso, uno de los supuestos aportantes negó haber realizado contribuciones que aparecían registradas en la documentación presentada por el partido.
Los resultados de la eleccion que lo llevaron al ballotage.
Aunque parte de la investigación vinculada al presunto fraude en la administración de personas jurídicas fue archivada previamente, el Ministerio Público peruano mantiene vigentes los cargos relacionados con la falsificación de información financiera partidaria. Además de la pena de prisión, la acusación incluye un pedido de inhabilitación política para que Sánchez no pueda seguir ejerciendo cargos partidarios.
La defensa del Sánchez sostiene que el comunista no elaboró personalmente los informes financieros y que únicamente firmó documentos preparados por contadores del partido. También negó que el dirigente se haya apropiado de dinero para fines personales y sostuvo que los fondos cuestionados eran utilizados para "gastos internos" de campaña.
