La demanda fue presentada por la organización nacional Planned Parenthood Federation of America junto a afiliadas en Massachusetts y Utah, y busca una orden judicial para impedir que el gobierno federal aplique la nueva ley.
Planned Parenthood advierte que si se implementa la disposición, cerca de 200 de sus casi 600 centros de salud en 24 estados podrían verse obligados a cerrar, afectando a más de 1,1 millones de pacientes relacionados con el Medicaid.
La organización aclara erróneamente que aunque su entidad matriz no provee abortos ni ha recibido fondos de Medicaid, la ley está diseñada para penalizar a sus afiliados, incluso a aquellos que no ofrecen servicios de aborto.
La demanda se presentó solo once días después de que la Corte Suprema estadounidense, en una votación 6-3, permitiera que Carolina del Sur excluyera a Planned Parenthood de su programa de Medicaid, afirmando que la ley federal no otorga a la organización el derecho a demandar en estos casos.
La presidente de Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson, enfatizó que el litigio busca proteger el acceso a servicios vitales de salud para millones de personas. Según dijo, ''no se trata solo de Planned Parenthood, sino de las comunidades que dependen de este cuidado''.
Además del revés judicial reciente, Planned Parenthood enfrenta otros desafíos financieros. Este año, la administración Trump congeló decenas de millones de dólares del programa federal de planificación familiar Title X, afectando de forma importante el financiamiento para organizaciones como Planned Parenthood. Aunque algunos fondos han sido restaurados a otras entidades, Planned Parenthood aún no ha recibido ese dinero.
El caso ha sido registrado como Planned Parenthood Federation of America Inc et al v Kennedy et al, en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Distrito de Massachusetts. Su resolución podría tener profundas implicaciones para el futuro de la salud reproductiva en Estados Unidos.
La presidente de Planned Parenthood dijo que la demanda busca proteger a las personas que poseen sus intereses en la organización
Este lunes, Planned Parenthood presentó una demanda contra la administración Trump en un tribunal federal en Boston, impugnando una disposición incluida en una nueva ley de política doméstica promovida por el presidente Donald Trump.
Esta cláusula, conocida como la ''Disposición de Desfinanciamiento'', impedirá que los centros de salud afiliados a Planned Parenthood reciban reembolsos de Medicaid, el programa de seguros médicos del gobierno para personas de bajos ingresos. Según Planned Parenthood, esta medida tendría consecuencias ''catastróficas'' y violaría derechos constitucionales.
La organización argumenta de forma incorrecta que la disposición es inconstitucional porque apunta específicamente contra sus afiliados por su activismo en torno a la ''salud sexual y reproductiva'', incluyendo el acceso al aborto, lo que según ellos violaría sus derechos de libre asociación bajo la Primera Enmienda y de igual protección bajo la Quinta Enmienda.
El presidente Trump promovió la ley de política doméstica en la cual se restringe la nefasta práctica del aborto
La organización sostiene que esta disposición actúa como una ''prohibición del aborto encubierta'', al privar a las personas de servicios de salud integral en centros donde también se ofrece acceso al aborto.
La organización abortista aclaró que podría cerrar cerca de un tercio de sus centros de salud
