Una reforma impulsada por la presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, generó una fuerte controversia en el Congreso después de que su redacción original contemplara penas de entre tres y siete años de prisión por determinados usos no autorizados de la identidad gráfica oficial del Estado. La discusión provocó advertencias sobre un posible impacto en memes, caricaturas y parodias políticas difundidas en internet.
El proyecto forma parte de un paquete de reformas sobre propiedad industrial y derechos de autor presentado por Sheinbaum en mayo de 2026. El artículo 403 Bis propuesto establecía sanciones para quien utilizara, reprodujera, imitara o incorporara, a escala comercial, logotipos, dominios electrónicos u otros signos oficiales de los poderes públicos y organismos gubernamentales.
