La decisión del régimen venezolano de dar por finalizada la aplicación de la Ley de Amnistía desató una fuerte polémica, con críticas que señalan que la medida es arbitraria e incluso inconstitucional, en un contexto de creciente preocupación por la situación de los derechos y las garantías judiciales en el país.
La ley, aprobada en febrero de 2026, había sido presentada como un mecanismo para liberar a personas detenidas por motivos políticos y avanzar hacia una etapa de distensión. Sin embargo, apenas dos meses después, las autoridades anunciaron el cierre de su aplicación, argumentando que el proceso ya cumplió su objetivo.
Desde la dictadura de Delcy Rodríguez sostienen que miles de personas fueron beneficiadas por la medida, incluyendo cientos de presos políticos. No obstante, organizaciones independientes advierten que aún quedan entre 400 y 600 personas detenidas, muchas de ellas excluidas del alcance de la ley o sin acceso efectivo a los beneficios.
Las críticas se centran en la falta de transparencia y en el carácter discrecional del proceso. Según denuncian distintos sectores, la aplicación de la amnistía no siguió criterios claros, lo que generó desigualdades y dejó casos pendientes sin resolución. Además, se cuestiona que el cierre de la ley se haya producido sin completar los procesos de liberación ni establecer garantías de no repetición.
