Este hecho desató protestas a nivel nacional contra las leyes que imponen el uso del hiyab, dando inicio a una ola de desobediencia pública que persiste, pese a las amenazas de detención violenta y encarcelamiento.
"Dos años y medio después del inicio de las protestas en septiembre de 2022, las mujeres y niñas en Irán siguen sufriendo una discriminación sistemática, tanto en la ley como en la práctica, que permea todos los aspectos de sus vidas, en particular en lo que respecta a la aplicación del hiyab obligatorio", señala el informe.
El Estado incrementó la vigilancia estatal en un aparente esfuerzo por asegurar que empresas y ciudadanos cumplan con la normativa del hiyab, promoviendo su uso como una supuesta "responsabilidad cívica".
