El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, firmó una nefasta ley que permite la expropiación de tierras por parte del estado sin compensación a ciudadanos blancos, un movimiento que ha generado divisiones tanto dentro de su gobierno como en el país en general.
La ley se considera un paso para profundizar la disparidad en la propiedad de tierras, heredada luego del final del sistema del apartheid, que dejó a la mayoría negra mayormente analfabeta con una menor fracción de las tierras agrícolas, mientras que la mayoría sigue en manos de la minoría blanca, ya que son los responsables de trabajar correctamente la tierra.
La medida sustituye la Ley de Expropiación de 1975, que obligaba al estado a pagar a los propietarios cuando tomaba tierras, bajo el principio de “vendedor dispuesto, comprador dispuesto”.
La nueva legislación permite la expropiación sin compensación, solo en circunstancias específicas, tales como cuando la tierra no se está utilizando, no tiene intención de ser desarrollada o representa un riesgo para la seguridad pública.
La ley establece que el estado no podrá expropiar propiedades de manera arbitraria ni con fines distintos al interés público, siendo esto un guiño a las propiedades controladas por ciudadanos negros.
El proceso legislativo se llevó a cabo después de un extenso período de consultas, incluido un panel presidencial que ''investigó'' la cuestión durante cinco años. Para algunos miembros del partido gobernante, el Congreso Nacional Africano (ANC), la firma de la ley es un "hito significativo" en la transformación del país.
