El caso de Noelia Castillo volvió a quedar en el centro de la polémica tras conocerse que uno de los médicos vinculados a la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el organismo que intervino en la autorización de su eutanasia, fue querellado por su adhesión pública al movimiento pro eutanasia. La revelación se conoció a partir de una publicación periodística que expone el antecedente de Josep Maria Busquets Font, autor de un texto de 2021 en el que defendía una posición favorable a las muertes asistidas, antes de incorporarse luego como secretario del mismo organismo.
Según ese artículo, la Fundación Española de Abogados Cristianos utilizó ese escrito como prueba documental en una querella penal por presunta prevaricación presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Allí sostuvo que Busquets Font no era un actor técnico neutral, sino una figura con una postura ideológica previa sobre la eutanasia, lo que alimentó las sospechas sobre la imparcialidad de la comisión.
La controversia escaló todavía con las declaraciones por la abogada del padre de Noelia, quien aseguró que la joven había pedido un aplazamiento de seis meses para reflexionar sobre su eutanasia, pero que ese pedido fue rechazado. Noelia había dejado por escrito que tenía dudas sobre el procedimiento, aunque la administración pública descartó ese documento. Se trata de una acusación gravísima, porque sugiere que existía una voluntad de frenar o al menos revisar la decisión final y que, aun así, el proceso siguió adelante.
A eso se suma otra denuncia explosiva: la letrada reveló que dentro de la misma comisión figuraría Nuria Masnou, señalada como presidenta de la Organización Europea de Coordinación de Trasplantes. Desde la defensa de la familia deslizan que la composición del órgano no estaría integrada por perfiles neutrales, sino por actores cercanos a estructuras militantes o ideológicas favorables a la eutanasia.
La Fiscalía de Barcelona pidió archivar otra causa vinculada al expediente, mientras distintas instancias judiciales habían venido avalando la eutanasia de Noelia y descartando irregularidades penales en el trámite. Aun así, la aparición de estos antecedentes volvió a abrir interrogantes políticos, jurídicos y morales sobre cómo actuó la comisión y bajo qué criterios se tomó una decisión irreversible.
El caso Noelia, lejos de cerrarse, continúa sumando elementos que reactivan el debate y ponen bajo la lupa el accionar de la comisión que intervino en la autorización. Las denuncias sobre posibles irregularidades, los antecedentes de algunos de sus integrantes y los cuestionamientos de la familia vuelven a instalar interrogantes sobre las garantías del procedimiento en una decisión de carácter irreversible.
