El régimen narcoterrorista de Maduro asesinó al exgobernador y preso político Alfredo Díaz

Díaz, concejal, alcalde del municipio Mariño y exgobernador del estado Nueva Esparta, llevaba más de un año detenido en el Helicoide. Diversas organizaciones habían advertido que su salud se deterioraba rápidamente y que se le negaba atención médica pese a padecer problemas cardíacos conocidos por el régimen. La dirigencia de Acción Democrática calificó la detención como “injusta y arbitraria” y responsabilizó al Estado venezolano por su muerte.

El opositor Leopoldo López también apuntó directamente al régimen. Recordó que Díaz “llevaba meses solicitando atención médica y se la negaron”, y que su muerte constituye una ejecución encubierta. López subrayó que cada fallecimiento bajo custodia del Estado “es una muestra más de la naturaleza criminal del chavismo”.

A los señalamientos se sumó el exalcalde metropolitano Antonio Ledezma, quien sostuvo que lo ocurrido “no fue una muerte natural sino una ejecución silenciosa del régimen”. Ledezma enfatizó que el gobierno sabía del cuadro cardíaco del dirigente y aun así lo mantuvo sin asistencia, lo que convierte al hecho en un homicidio a cámara lenta. También recordó el vínculo personal y político con Díaz y exigió que la Corte Penal Internacional actúe frente a los crímenes continuados del aparato chavista.

El régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro sumó este viernes una nueva víctima mortal en su red de centros clandestinos: el exgobernador venezolano y preso político Alfredo Díaz, quien falleció dentro de El Helicoide, la prisión del SEBIN señalada internacionalmente como uno de los espacios de tortura más brutales del chavismo. Su muerte constituye el hecho de mayor relevancia institucional ocurrido en custodia desde que el régimen tomó el poder: el primer asesinato de una autoridad política de ese rango bajo responsabilidad directa del aparato represivo.

La noticia fue confirmada por la activista y exembajadora Elisa Trotta, quien denunció que se trata de “otro inocente asesinado lentamente por esta narcotiranía criminal”. Desde las elecciones del 28 de julio de 2024, más de diez presos políticos murieron en cautiverio, un patrón que evidencia la degradación sistemática del sistema penitenciario bajo la dictadura y su uso como herramienta de exterminio político.

La tragedia adquiere un tono aún más doloroso porque Díaz no pudo despedirse de su madre, fallecida mientras él permanecía detenido. Voluntad Popular remarcó que su muerte “no es un hecho aislado sino la consecuencia natural de un sistema que persigue, encarcela y destruye vidas para sostenerse en el poder”.

Finalmente, el dirigente David Smolansky señaló la responsabilidad administrativa de Delcy Rodríguez, bajo cuya órbita opera el SEBIN. Aseguró que la vicepresidenta, presentada por algunos sectores como una figura “moderada”, es directamente responsable de la muerte de Díaz y de las condiciones del resto de los presos políticos.

La muerte de Alfredo Díaz vuelve a exponer el carácter criminal del régimen de Maduro y el uso del sistema penitenciario como un mecanismo de represión letal. El pedido de justicia se multiplica mientras Venezuela continúa exigiendo libertad para más de mil presos políticos y el fin de un sistema que decide, de manera arbitraria y despiadada, quién vive y quién muere.