Las autoridades anunciaron que buscarán modificar la normativa aprobada durante el régimen de Hugo Chávez para incentivar el alquiler de viviendas vacías y atender la emergencia habitacional provocada por los terremotos.
Las consecuencias de los terremotos que afectaron al norte de Venezuela llevaron al régimen a anunciar una reforma de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, una normativa aprobada durante la dictadura de Hugo Chávez.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que la legislación vigente ha tenido efectos negativos sobre el mercado de alquileres y sostuvo que será necesario modificarla para ampliar la oferta de viviendas disponibles ante la emergencia generada por los sismos.
La Ley de Arrendamientos fue promulgada en 2011 con el objetivo de fortalecer la protección de los inquilinos, regular los precios de los alquileres y limitar los desalojos. Sin embargo, la ley solo generó incertidumbre jurídica para los propietarios y restringir los mecanismos para recuperar los inmuebles en caso de incumplimientos.
El exdictador Hugo Chávez
Rodríguez explicó que el régimen necesita incorporar alrededor de 200.000 viviendas al mercado de alquiler para dar respuesta a miles de familias que perdieron sus hogares tras el desastre. Según indicó, muchos propietarios optaron por mantener sus inmuebles desocupados debido a las restricciones establecidas por la ley, lo que redujo significativamente la oferta de viviendas disponibles en alquiler.
El anuncio se produce en medio de la crisis habitacional generada por los terremotos del 24 de junio. De acuerdo con el balance oficial más reciente, más de 4.500 personas murieron, miles resultaron heridas y cerca de 18.000 habitantes quedaron sin vivienda. Las autoridades informaron además que cientos de edificios sufrieron daños estructurales y que será necesario construir decenas de miles de nuevas viviendas para atender a los damnificados.
La dictadora venezolana Delcy Rodríguez
Rodríguez señaló que la reforma buscará ofrecer mayores garantías a los propietarios para incentivar que las viviendas actualmente desocupadas vuelvan al mercado de alquiler. El Parlamento prevé debatir el proyecto durante las próximas semanas como parte del plan de reconstrucción impulsado tras la emergencia, mientras el régimen continúa evaluando otras medidas destinadas a facilitar el acceso a soluciones habitacionales para las familias afectadas.
La modificación de la legislación representaría uno de los cambios más importantes en la política de vivienda aplicada en Venezuela durante los últimos años. El debate se produce en un contexto marcado por la necesidad de acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos y ampliar la disponibilidad de viviendas para miles de personas que permanecen desplazadas como consecuencia del desastre natural.
