El Reino Unido advirtió que el régimen de China representa una amenaza para su seguridad nacional, luego de que saliera a la luz una investigación que involucra a dos ciudadanos británicos acusados de compartir información sensible con un agente de inteligencia de Pekín.
Christopher Cash, ex investigador parlamentario.
Los implicados son Christopher Cash, ex investigador parlamentario, y Christopher Berry, académico, quienes fueron seguidos por las autoridades tras mantener contacto con un hombre identificado bajo el alias de “Alex”, presunto representante del Partido Comunista Chino.
Contactos y filtraciones
Según documentos citados por The Times, Berry viajó a Hangzhou en 2022, donde se reunió con un alto funcionario de la Comisión Central de Seguridad Nacional, organismo clave dentro del aparato de inteligencia chino dirigido por el presidente Xi Jinping.
Christopher Berry, acusado de espiar para China, llega al Tribunal de Magistrados de Westminster.
Los investigadores sostienen que Berry entregó a su contacto al menos un informe escrito en menos de trece horas desde que fue solicitado. El material, de carácter político y estratégico, incluía información sobre posibles cambios en el gabinete del entonces primer ministro Rishi Sunak, las posiciones del Ejecutivo frente a sanciones a empresas chinas y la política británica hacia la región de Xinjiang, señalada internacionalmente por denuncias de trabajo forzoso contra la minoría uigur.
Logo del MI6 (Servicio Secreto de Inteligencia) y bandera del Reino Unido
El Asesor Adjunto de Seguridad Nacional, Matthew Collins, aseguró que la velocidad y el contenido de los reportes indicaban que la información era utilizada para la toma de decisiones dentro del aparato de inteligencia chino. “Es sumamente improbable que uno de los funcionarios más importantes de China haya recibido a Berry a menos que se le considerase capaz de proporcionar información valiosa”, subrayó Collins.
Entre los temas de interés de Pekín también figuraban los debates internos del Reino Unido sobre la prohibición de importaciones provenientes de Xinjiang y la revisión del proceso de adquisición de Newport Wafer, una importante planta británica de semiconductores. Según Collins, la transmisión de esos datos otorgó al régimen chino una “ventaja táctica y estratégica”, comprometiendo los intereses nacionales.
Causa archivada y controversia política
A pesar de las pruebas reunidas, el caso fue archivado. La Fiscalía de la Corona (CPS) explicó que el Gobierno británico no había declarado formalmente a China como una amenaza a la seguridad nacional, condición necesaria para continuar con el proceso penal.
La decisión generó debate en el Parlamento, donde varios legisladores cuestionaron al primer ministro Keir Starmer por no haber respaldado con mayor firmeza la acusación. Desde el entorno oficial justificaron la cautela señalando la necesidad de “mantener una relación positiva” con Pekín para preservar la estabilidad diplomática y comercial.
El primer ministro británico, Keir Starmer.
El desenlace fue recibido con críticas: mientras las agencias de inteligencia británicas alertan sobre la expansión de las operaciones chinas en Europa, el Ejecutivo laborista optó por un tono prudente que muchos interpretan como una muestra de debilidad ante un actor cada vez más injerencista.
Una advertencia sobre la injerencia global
El asesor Collins advirtió que las operaciones chinas no se limitan al espionaje tradicional, sino que incluyen ciberataques y campañas de influencia política orientadas a infiltrar instituciones democráticas. Londres no es el primer país en enfrentarse a esta situación: Estados Unidos, Canadá y Australia también denunciaron intentos similares.
El caso dejó en evidencia la creciente tensión entre Occidente y China, y reavivó el debate sobre cómo los gobiernos democráticos deben responder frente a regímenes autoritarios que buscan expandir su influencia más allá de sus fronteras.
