Más de 50 cadáveres hallados tras la ofensiva contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro. Lula sigue sin pronunciarse.
La autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, una de las principales vías que conecta la zona norte con el suroeste, permaneció cerrada durante horas. El Centro de Operaciones (Cor-Rio) informó que recién fue liberada pasadas las 3:30 de la madrugada.
En los barrios del sur, el clima era de temor y calles vacías. Comercios, restaurantes y farmacias permanecieron cerrados, y los pocos vecinos que salieron a la calle describieron una sensación de “ciudad sitiada”.
“En una noche normal estaría viendo un partido en la vereda, pero hoy me quedo en casa”, dijo un residente al medio G1. Miles de ciudadanos sin libertad de salir siquiera a la calle por temor a su vida.
El Ejecutivo se niega a aplicar una política nacional de combate al narcotráfico, mientras los grupos armados controlan más de un tercio del territorio de Río y se expanden hacia otros estados.
En 2024, más de 700 personas murieron en operaciones policiales, cifra que ya fue superada en los primeros meses de este año. El episodio vuelve a confirmar que, en el Brasil de Lula, el crimen organizado avanza, el Estado retrocede y la población queda atrapada entre ambos.
Río de Janeiro fue centro de una escena de guerra. En la madrugada de este miércoles, residentes del Complexo da Penha trasladaron más de 50 cuerpos a la plaza São Lucas, tras hallarlos en una zona boscosa entre los complejos de Alemão y Penha, epicentro de la operación policial más letal en la historia del estado.
A primeras horas del día, la Defensa Civil llegó al lugar para retirar los cuerpos, mientras las imágenes de los vecinos apilando cadáveres conmocionaban al país. Las autoridades confirman oficialmente 64 muertos y 81 detenidos, aunque organizaciones locales estiman que la cifra real podría superar esos números.
La operación fue lanzada contra el Comando Vermelho, el grupo narco más poderoso de Brasil, que controla amplias zonas del norte carioca. Sin embargo, la brutalidad de los enfrentamientos, el alto número de víctimas y la descoordinación institucional dejaron en evidencia el colapso de la política de seguridad pública del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Mientras el gobernador Cláudio Castro (PL) habla de una “guerra” y reclama apoyo federal, el Palacio del Planalto volvió a guardar silencio, repitiendo el patrón de indiferencia que ya se vio en tragedias anteriores.
Analistas y legisladores opositores denuncian que el Ejecutivo abandonó deliberadamente a los estados controlados por la oposición, permitiendo que el crimen organizado siga expandiéndose sin respuesta efectiva.
