Al menos 60 muertos en una operación contra el crimen organizado en Río de Janeiro

La intervención comenzó antes del amanecer, con bloqueos en autopistas y el cierre de avenidas estratégicas. Más de 2.500 agentes avanzaron por los callejones de las favelas, apoyados por drones y helicópteros.

El objetivo principal era Edgar Alves de Andrade, alias ''Doca'' o ''Urso'', jefe regional del Comando Vermelho y uno de los criminales más buscados de Brasil, con más de un centenar de causas judiciales. Las autoridades ofrecen 100.000 reales (unos 17.500 dólares) por información que conduzca a su captura.

Según la policía, se incautaron 42 fusiles de alto calibre, drogas y equipos de comunicación de última generación. La magnitud del operativo refleja el nivel de poderío del crimen organizado, que, como señalan expertos, se ha expandido sin control ante la falta de una política nacional de seguridad coherente.

Río de Janeiro amaneció este martes convertido en un campo de batalla. Helicópteros, blindados y drones de la policía irrumpieron desde la madrugada en los complejos de Alemão y Penha, dos de las mayores favelas del norte carioca, en una ofensiva masiva contra el Comando Vermelho, la organización criminal más poderosa de Brasil.

El saldo fue devastador: 64 muertos, entre ellos cuatro policías, y más de 80 detenidos, en lo que ya se considera la operación policial más letal en la historia de la ciudad.

Aunque el operativo fue ejecutado por el gobierno estatal, las críticas se dirigieron rápidamente al presidente comunista Luiz Inácio Lula da Silva, acusado por la oposición de desentenderse del colapso de la seguridad pública en Río y otras regiones dominadas por el narcotráfico.

Mientras el gobernador Cláudio Castro (PL) calificó la acción como una ''guerra'' y reclamó apoyo federal, el Palacio del Planalto mantuvo silencio durante las primeras horas, lo que alimentó la percepción de indiferencia y desconexión del Ejecutivo.

Organizaciones socialistas de derechos humanos, mientras tanto, volvieron a denunciar la ''letalidad policial'' y la falta de transparencia en las operaciones. 

El gobernador Cláudio Castro afirmó que solicitó apoyo de las Fuerzas Armadas, pero que el Ministerio de Defensa, bajo control del gobierno federal, lo rechazó tres veces. ''Río está sola'', dijo. Su denuncia expuso las tensiones entre el estado y el Ejecutivo central, y reforzó el argumento de que Brasilia abandona deliberadamente a los estados gobernados por la oposición.

En 2024, más de 700 personas murieron en operaciones policiales en Río, cifra que ahora se eleva a casi 800 con los 64 fallecidos del martes. Para los habitantes de las favelas, la sensación es de guerra permanente; para los analistas, de un Estado fallido incapaz de enfrentar al crimen.

Mientras Lula da Silva evita pronunciarse directamente sobre la tragedia, la oposición lo acusa de minimizar el avance del narcotráfico y de mirar hacia otro lado mientras el país se hunde en una espiral de violencia. La operación en Alemão y Penha, más que un triunfo, es un recordatorio brutal de que Brasil vive una guerra interna sin estrategia nacional, y que la pasividad del gobierno federal podría costar muchas vidas más.

El Comando Vermelho, fundado en 1979 en una cárcel carioca, opera hoy en todo el país mediante una red descentralizada que involucra capos encarcelados, lugartenientes en favelas y redes de lavado de dinero. Su poder descansa en el control territorial y la ausencia del Estado, un vacío que el gobierno de Lula no ha logrado llenar pese a prometer una nueva política de seguridad.

La jornada en Río fue de terror: ráfagas de ametralladora, granadas lanzadas desde drones, cortes de electricidad y transporte suspendido. Más de 200.000 personas quedaron atrapadas en medio del fuego cruzado. Clases suspendidas en 45 escuelas y 12 líneas de autobuses desviadas evidenciaron el impacto civil.