El presidente boliviano advirtió que grupos vinculados al narcotráfico estarían financiando los bloqueos y propuso una reforma legal para otorgar mayor seguridad jurídica a las Fuerzas Armadas en situaciones de crisis.
En medio de la ola de protestas y bloqueos que afecta a Bolivia desde hace semanas, el presidente Rodrigo Paz anunció una propuesta para regular de manera más precisa la aplicación del estado de excepción y denunció que organizaciones vinculadas al narcotráfico estarían financiando parte de las movilizaciones lideradas por el ex dictador Evo Morales que buscan desestabilizar a su gobierno.
Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión política. Los bloqueos ya afectan el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en varias ciudades bolivianas, mientras sectores empresariales y productivos exigen al gobierno restablecer la libre circulación y garantizar el funcionamiento normal de la economía.
Paz insistió en que cualquier medida excepcional deberá respetar el marco democrático y constitucional, pero remarcó que el Estado no puede permanecer inmóvil frente a acciones que buscan paralizar al país. Al mismo tiempo, volvió a convocar al diálogo a los sectores movilizados para encontrar una salida institucional a la crisis.
La propuesta presidencial llega cuando Bolivia atraviesa uno de los momentos más complejos desde la llegada de Rodrigo Paz al poder. Con carreteras bloqueadas, crecientes dificultades de abastecimiento y fuertes disputas políticas, el gobierno intenta recuperar la iniciativa mientras denuncia que detrás de las protestas no solo existen reclamos sectoriales, sino también intereses políticos y criminales que buscan forzar la caída del gobierno constitucional elegido en las urnas.
Según explicó el mandatario, la iniciativa pretende establecer reglas claras para la actuación de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad cuando el país enfrente situaciones de grave alteración del orden público. Paz sostuvo que actualmente existe incertidumbre jurídica respecto al alcance de las facultades estatales durante crisis de gran magnitud y que es necesario modernizar la legislación para garantizar la defensa del orden constitucional.
El presidente también lanzó una de sus acusaciones más fuertes desde el inicio de la crisis. Afirmó que existen indicios de que grupos ligados al narcotráfico estarían aportando recursos económicos para sostener los bloqueos y las protestas que desde hace semanas paralizan distintas regiones del país. De acuerdo con el gobierno, la presencia de intereses criminales detrás de algunas movilizaciones explicaría la capacidad logística y financiera observada en determinados puntos de conflicto.
