El modelo carcelario que Nayib Bukeleconvirtió en emblema de su política de seguridad en El Salvador cruzó fronteras.
Este lunes, el presidente salvadoreño viajó a Costa Rica para participar de la colocación de la primera piedra de una cárcel de alta peligrosidad inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel que alberga a miles de pandilleros en su país.
El proyecto fue presentado junto al presidente costarricense Rodrigo Chaves y se construirá en la provincia de Alajuela, a unos 20 kilómetros de San José.
La iniciativa se da en un contexto político sensible, a pocas semanas de las elecciones presidenciales del 1 de febrero, y ya generó fuertes cruces entre oficialismo y oposición.
Durante el acto, Bukele fue explícito sobre el alcance del acuerdo. “Todo lo que hicimos en el Cecot se va a hacer en su versión costarricense”, afirmó, al confirmar que el gobierno salvadoreño participa en el diseño del nuevo penal.
La cárcel llevará el nombre de Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (Cacco), tendrá capacidad para unos 5.000 presos y demandará una inversión estimada en 35 millones de dólares.
Estarán encarcelados los presos más peligrosos del país
Estará destinada a detenidos considerados de alta peligrosidad, en un país que históricamente se mostró reticente a políticas de encarcelamiento masivo.
La presencia de Bukele agitó el escenario electoral costarricense. Sectores opositores denunciaron que la visita fue utilizada por Rodrigo Chaves para respaldar indirectamente a su candidata, Laura Fernández, exministra y actual favorita en las encuestas, quien propone una agenda de “mano dura” frente al aumento de la inseguridad.
En su discurso, Bukele reforzó esa narrativa y apeló a un tono alarmista: aseguró que la criminalidad “va a crecer como un cáncer si no se la detiene a tiempo” y sostuvo que “no hay otra forma de resolverlo que con la fuerza del Estado”. “Haga lo correcto, lo demás viene por añadidura”, le dijo a Chaves ante la mirada de funcionarios y fuerzas de seguridad.
El mandatario salvadoreño construyó su alta popularidad interna a partir de una ofensiva antipandillas sin precedentes, respaldada por un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. En cuatro años, su gobierno arrestó a unas 90.000 personas, reduciendo los índices de violencia a mínimos históricos.
