La justicia chilena avanza en la formalización de los 19 integrantes de la célula “Los Piratas” del Tren de Aragua, acusados de participar en el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024 en Santiago de Chile.
Este miércoles, el Ministerio Público chileno llamó a declarar al testigo protegido Nº7, quien reafirmó su versión sobre el origen de la orden para asesinar a Ojeda. Según su testimonio, el encargo provino de Diosdado Cabello, uno de los principales líderes del régimen de Nicolás Maduro.
De acuerdo con la declaración, el líder de la célula criminal, Rafael Gámez Salas, alias “El Turko”, recibió la misión de ejecutar el crimen a través de Carlos Gómez, alias “Carlos Bobby”, quien, a su vez, habría sido contactado por el jefe máximo del Tren de Aragua, Héctor “El Niño” Guerrero.
Este último, actualmente prófugo, habría negociado directamente con Cabello para concretar la operación.
El testigo también afirmó que, tras la ejecución del crimen, Cabello realizó el pago acordado a Guerrero en Perú, aunque varios de los involucrados quedaron sin recibir el dinero.
Implicancias diplomáticas y ruptura entre Chile y Venezuela
El testimonio refuerza la hipótesis del Ministerio Público chileno, que sostiene que el secuestro y asesinato de Ojeda fue ordenado desde Venezuela. Esta postura es compartida por el Gobierno de Chile, lo que terminó de fracturar las ya deterioradas relaciones diplomáticas entre ambos países.
Venezuela acusa a Chile de encubrimiento
En respuesta, el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó las acusaciones y calificó la investigación chilena como una “operación de falsa bandera”. En declaraciones a la BBC, Saab aseguró que el crimen de Ojeda fue encubierto por el propio Estado chileno.
