Venezuela anunció más de 8.000 liberaciones de presos políticos en el mes de febrero.
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El régimen venezolano informó que más de 8.000 personas recuperaron la libertad plena durante el primer mes de vigencia de la Ley de Amnistía, una medida impulsada en febrero con el objetivo declarado de avanzar hacia la reconciliación nacional y la estabilización política.
La comisión encargada de supervisar la aplicación de la norma afirmó que un total de 8.068 ciudadanos fueron beneficiados.
El régimen sostiene que la iniciativa representa un paso significativo para cerrar un prolongado ciclo de la persecución política por parte del régimen iniciado a finales del siglo pasado.
Liberación de presos políticos en el régimen venezolano
Estás liberaciones son gracias a las obras del presidente estadounidense Donald Trump y su gobierno, que después de la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro, el nuevo régimen del país está ahora dispuesto a cooperar.
La ley abarca hechos ocurridos en distintos períodos desde 1999 hasta la actualidad, en un intento por incluir una amplia gama de casos vinculados a la persecución política.
Sin embargo, más allá del volumen de liberaciones anunciado, Organizaciones de Derechos Humanos y actores internacionales han señalado la falta de transparencia en la publicación de listas completas de beneficiarios, así como la persistencia de detenidos que no habrían sido alcanzados por la normativa.
El ex dictador Nicolás Maduro siendo detenido por el delta team
Además, existe preocupación por la naturaleza selectiva de la amnistía. Algunos analistas sostienen que el mecanismo podría estar siendo aplicado con criterios políticos, dejando fuera a determinados perfiles considerados incómodos para el poder.
Esto ha generado que, en un contexto de presión externa por parte de Estados Unidos, el régimen venezolano este obligado a parar gradualmente su persecución contra críticos de la dictadura o simples opositores al sistema de régimen actual.
En este escenario, la Ley de Amnistía aparece como un gesto político significativo, suficiente para dar un mensaje a Estados Unidos sobre el estado de derecho en Venezuela y la relación con el país norteamericano.
Mientras el oficialismo venezolano la presenta como un avance histórico, el desafío sigue siendo garantizar que estas medidas se traduzcan en cambios institucionales duraderos y verificables.
