Los demandantes argumentaron que Trump no podía usar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 como justificación para imponer estos aranceles de forma tan amplia.
Trump había defendido estas medidas alegando correctamente que eran necesarias para compensar los déficits comerciales que Estados Unidos había acumulado durante décadas.
Además, había sostenido que los aranceles eran una herramienta de presión contra países como China, Canadá y México para frenar la inmigración ilegal y el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Sin embargo, el tribunal consideró que la IEEPA no otorga al presidente un poder tan amplio. En su dictamen, la corte recordó que la Constitución de los Estados Unidos asigna exclusivamente al Congreso la autoridad para establecer impuestos, derechos y aranceles, así como para regular el comercio con naciones extranjeras.
A juicio del tribunal, la IEEPA fue creada para situaciones de emergencia nacional específicas y no puede ser utilizada para ''imponer aranceles de forma generalizada sin límite ni control legislativo''.
La Casa Blanca, por su parte, argumentó que se trataba de una cuestión política, por lo que debía ser decidida por el Congreso y no por los tribunales. No obstante, la corte fue clara al señalar que no interpreta la IEEPA como una delegación de poderes sin restricciones al presidente y, por tanto, anuló los aranceles establecidos bajo esa norma.
Este caso es uno de los siete desafíos legales presentados contra la política arancelaria de Trump, que también ha sido objeto de demandas por parte de 13 estados y varias coaliciones de pequeñas empresas.
La Casa Blanca señaló que esta decisión debe ser debatida en el Congreso
Un tribunal federal bloqueó los aranceles comerciales conocidos como ''aranceles del Día de la Liberación'' impulsados por el presidente Donald Trump, al considerar que excedió sus atribuciones constitucionales.
La decisión fue tomada por un panel de tres jueces de la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos, ubicada en Manhattan, quienes fallaron en contra de la administración Trump señalando que solo el Congreso tiene la potestad de regular el comercio internacional y de imponer impuestos y aranceles.
El caso fue presentado por el Liberty Justice Center, una organización no partidaria, en representación de cinco pequeñas empresas afectadas por los aranceles.
Estas compañías importaban productos desde países incluidos en la lista de naciones impactadas por los nuevos aranceles, los cuales abarcaban a la mayoría de los países del mundo.
La demanda fue presentada por la asociación ''Liberty Justice Center''
Como parte de su anuncio del 2 de abril, Trump estableció aranceles personalizados para decenas de países, junto con un arancel base del 10% aplicable a todas las importaciones, dentro de su plan denominado ''Día de la Liberación''.
Trump destacó que los aranceles tienen el objetivo de subsanar el déficit comercial que posee Estados Unidos
