La Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) acordó pagar más de USD 6 millones para resolver una serie de demandas por discriminación presentadas por estudiantes y profesores judíos.
Bajo este acuerdo, la institución admite haber permitido la creación de una "zona de exclusión judía" durante las protestas estudiantiles en contra de Israel en 2024. El mismo fue anunciado este martes y, si es aprobado por un juez federal, estará en vigor durante los próximos 15 años.
La cifra total asciende a 6,13 millones, la mayor parte dirigida a los demandantes del caso. Más de USD 2 millones se destinarán a organizaciones que luchan contra el antisemitismo en la ciudad de Los Ángeles, incluyendo Hillel de UCLA, la Liga Antidifamación (ADL), la Federación Judía de Los Ángeles, la Organización Judía de Posgrado y la Unión Ortodoxa.
El entonces canciller de la universidad admitió la falta de controles al antisemitismo
Las autoridades universitarias no actuaron para impedir el acoso a estudiantes judíos.
La demanda fue presentada después de que el Consejo de Regentes de la universidad y el director de UCLA, Gene Block, admitieran ante el Congreso que no se tomaron medidas contra manifestantes que bloquearon el acceso al campus en primavera de 2024.
Durante las protestas, se instalaron campamentos en el campus que derivaron en enfrentamientos violentos con la policía, con más de 200 arrestos tras ser declarada la asamblea como ilegal.
Uno de los momentos más repudiables ocurrió cuando manifestantes, muchos con vestimenta que alaba a terroristas, impidieron que un estudiante judío accediera al recinto universitario, hecho que fue grabado y se volvió viral.
Durante las protestas, se instalaron campamentos en el campus que derivaron en enfrentamientos violentos con la policía, con más de 200 arrestos tras ser declarada la asamblea como ilegal.
Lugares del campus fueron vandalizados durante las protestas.
Los demandantes sufrieron acoso por ser judíos
Los demandantes fueron jóvenes como Yitzchok Frankel, un estudiante de derecho que sufrió acoso por portar una kipá, y Eden Shemuelian, quien no pudo asistir a eventos de orientación debido al ambiente hostil.
El presidente de la organización que promovió estas demandas, Mark Rienzi, denunció que los agentes de seguridad permitieron el uso de barreras y ''pulseras aprobadas'' para controlar el ingreso, excluyendo a miembros judíos de la comunidad universitaria.
''Este caso fue presentado porque los demandantes fueron víctimas de un antisemitismo inconcebible en una universidad pública'', afirmó Rienzi. "Esa sumisión ante los antisemitas es inaceptable. Nunca deberíamos volver a ver eso en Estados Unidos".
La UCLA fue el escenario de graves disturbios por parte de activistas demócratas pro-terrorismo palestino
El gobierno de Trump apoyó la demanda
En agosto de 2024, el juez federal Mark Scarsi concedió una orden judicial preliminar a favor de los demandantes y criticó duramente a la universidad.
En una orden de 16 páginas, escribió: "En el año 2024, en Estados Unidos, estudiantes judíos fueron excluidos de partes del campus de UCLA por negarse a renunciar a su fe. Es un hecho inimaginable y abominable que merece ser repetido."
Un informe posterior del rector interino de UCLA en octubre confirmó que el antisemitismo había sido tolerado en el campus. El acuerdo judicial reitera esa conclusión al definir explícitamente que cualquier exclusión basada en creencias religiosas sobre Israel se considerará antisemitismo.
El departamento de Justicia de Trumpapoyó el caso en marzo de 2025, y la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación también abrió una investigación.
La administración Trump apoyó el caso contra las políticas antisemitas de la universidad
