Varios motines con relación al narcotráfico se registraron en las cárceles francesas

Francia ha sido sacudida por una serie de ataques violentos contra varias prisiones en los últimos días, una respuesta que, según las autoridades, está directamente relacionada con el endurecimiento de las medidas gubernamentales contra el narcotráfico, especialmente el tráfico de cocaína.

En la noche del lunes, siete establecimientos penitenciarios fueron atacados en distintas regiones del país, incluyendo Toulon, Aix-En-Provence, Marsella, Valence,Nîmes, Villepinte y Nanterre.

Uno de los incidentes más graves ocurrió en la prisión de Toulon, donde se dispararon armas automáticas de grado militar contra la entrada del establecimiento. Según la unión sindical de funcionarios penitenciarios UFAP, también se incendiaron vehículos en las inmediaciones de varias cárceles.

En Nancy, un funcionario penitenciario fue amenazado en su propio domicilio, mientras que en Marsella se intentó provocar un incendio. El domingo anterior, siete vehículos habían sido quemados frente a la Escuela Nacional de Administración Penitenciaria.

El Ministro de Justicia, Gérald Darmanin, calificó estos actos como intentos de intimidación y anunció su visita a Toulon para apoyar al personal penitenciario afectado.

En una publicación en X, afirmó que “la República Francesa está enfrentando el problema del narcotráfico” y que se están implementando medidas que “perturbarán profundamente las redes criminales”.

El aumento del tráfico de cocaína proveniente de América del Sur (Bolivia, Colombia) ha transformado radicalmente el panorama criminal en Europa, y Francia no ha sido la excepción.

En 2024, las incautaciones de cocaína se han duplicado, alcanzando un récord de 47 toneladas en los primeros 11 meses del año, comparado con 23 toneladas en todo 2023.

Esto ha provocado una expansión del narcotráfico desde ciudades tradicionales como Marsella hacia localidades más pequeñas y, hasta hace poco, menos afectadas por la violencia relacionada con las drogas.

El Ministerio del Interior, dirigido por Bruno Retailleau, también condenó los ataques, calificándolos de “cobardes y despreciables”, y ordenó reforzar inmediatamente la seguridad en todas las instalaciones penitenciarias.

En sus palabras: “Quienes atacan a las prisiones y a sus funcionarios merecen estar encerrados en ellas y ser vigilados por esos mismos agentes”.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) asumió la investigación de los ataques, lo cual ha generado sorpresa, ya que tradicionalmente este tipo de casos recaen en la fiscalía especializada en crimen organizado.

El hecho de que se haya involucrado también a la agencia de inteligencia interior (DGSI) y que se encontraran pintadas con las letras "DDPF" aparente acrónimo de “Derechos de los prisioneros franceses” ha suscitado especulaciones sobre la posible implicación de un grupo militante, aunque no se ha confirmado ninguna organización responsable.

Algunos medios también reportaron la aparición de eslóganes anarquistas en los sitios atacados. Sin embargo, el secretario nacional del sindicato UFAP, Wilfried Fonck, declaró que no tiene conocimiento de la existencia de un movimiento de este tipo operando en las cárceles francesas, aunque cree que esa es una de las razones por las que la PNAT está liderando la investigación.

Los sindicatos penitenciarios FO Justice y UFAP han expresado una profunda preocupación por la seguridad de los agentes, calificando los ataques como “extremadamente graves” y exigiendo acciones urgentes del gobierno.

Han circulado imágenes de vehículos calcinados y orificios de bala en las entradas de las prisiones, símbolo del riesgo que enfrentan a diario los trabajadores del sistema penitenciario francés.

En respuesta a esta ola de violencia, el gobierno francés está impulsando una serie de reformas. Entre ellas, destaca la construcción de nuevas cárceles de alta seguridad para aislar a los principales líderes del narcotráfico, y una nueva ley contra el tráfico de drogas que se encuentra en proceso de aprobación parlamentaria.

Esta ley contempla la creación de una fiscalía nacional especializada en crimen organizado y ampliará significativamente los poderes de investigación de la policía.

Estos eventos también han tenido repercusiones políticas. El aumento de la criminalidad ha impulsado el apoyo a partidos de derecha, particularmente al Reagrupamiento Nacional, y ha empujado el debate público hacia una postura más dura en materia de seguridad.