Una investigación del Congreso de los Estados Unidos desató una fuerte controversia tras revelar que fondos federales habrían sido utilizados para apoyar protestas contra el gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
El informe, presentado por los comités de Asuntos Judiciales y Exteriores de la Cámara de Representantes, sostiene que durante la administración Biden-Harris se otorgaron subvenciones a organizaciones que “contribuyeron directa e indirectamente a las manifestaciones contra la reforma judicial en Israel en 2023”.
The former President of the US, Kamala Harris
Entre los grupos beneficiados se encuentran Blue and White Future y el Movimiento por la Calidad del Gobierno en Israel, ambos con una activa participación en la oposición a las reformas propuestas por Netanyahu.
Según la investigación, estas actividades podrían violar la legislación israelí, que restringe el accionar político de las organizaciones sin fines de lucro.
Pero las implicancias van más allá del debate judicial interno israelí. El documento también advierte que la administración estadounidense habría financiado indirectamente organizaciones con vínculos con grupos terroristas designados por EE.UU., como Hamas.
La ONG Bayader Association for Environment and Development, con sede en Gaza, recibió casi un millón de dólares en fondos estadounidenses desde 2016, pese a haber realizado actos conjuntos con líderes de Hamas, incluso días antes de la masacre del 7 de octubre.
Desde el partido Likud calificaron estos hallazgos como “un intento deliberado de socavar al gobierno democrático y legítimamente electo de Israel”.
En palabras del propio Netanyahu, se trató de “una injerencia externa que alentó la desobediencia civil y profundizó la fractura social”.
Hay algo que queda claro: por suerte, los estadounidenses votaron con la cabeza, y no eligieron a Kamala Harris como presidenta.
