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Latinoamérica

A diferencia de Argentina, la cuarentena ya es cosa del pasado en Uruguay

Con un exitoso plan de contención del coronavirus, el gobierno de Lacalle Pou ha logrado mantener los casos de COVID-19 en números casi inexistentes en las últimas dos semanas, y la cuarentena voluntaria (nunca fue obligatoria) cada vez se flexibiliza más.

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Debido a los excelentes números en cuanto a los contagios de coronavirus en Uruguay, aún sin hacer una cuarentena tan estricta como por ejemplo la Argentina, desde el pasado lunes el presidente Lacalle Pou comenzó a flexibilizar seriamente el aislamiento, y ahora el país empieza un largo camino en hacer del COVID-19 cosa del pasado.

Se trata de un proceso, el cual tiene como idea principal dar pasos cortos, que permitan volver atrás en caso de que salgan mal, pero también avanzando de forma rápida si los objetivos se van cumpliendo. Los comercios comenzaron a funcionar, con las medidas de seguridad adecuadas para evitar cualquier tipo de contagio; utilizando tapabocas, alcohol en gel o jabón para desinfectarse las manos, o la utilización de guantes, en caso que puedan hacerlo, como recomienda la OMS. A diferencia de otros países, estos productos no escasean tanto ya que el brote estuvo muy contenido comparado con otros países del mundo.

A la construcción se le dio una licencia desde el 24 de marzo hasta el 13 de abril otorgándoles también un dinero para que no tengan problemas financieros. Al retornar a la actividad, se realizaron test aleatorios a los obreros, los cuales dieron negativos en su amplia mayoría. Contando la totalidad de gente que trabaja en la construcción, hablamos de no menos de 100 mil personas, como arquitectos, albañiles, entre otros puestos. Por lo que hay optimismo debido al muy bajo numero de gente que apareció infectada y se cree que realmente su esparcimiento en la comunidad está relativamente contenido.

El excelente caso uruguayo que deberá ser estudiado en todo el mundo a la hora de contención del virus. (Nota: el día 15 de abril Uruguay tuvo 0 nuevos casos y 29 recuperados, por lo que el gráfico muestra una barra negativa)

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El presidente Lacalle Pou heredó un endeudamiento público que había crecido alrededor de 10 puntos en términos del PBI en los años anteriores. Como es de esperarse, además recibió un país con un alto déficit fiscal , de casi el 6% de PBI. Esto dificultó seriamente la capacidad de respuesta sanitaria y económica en términos de gasto público, así que de hecho el plan utilizado podría haber tenido mejores resultados aún.


Medidas sanitarias

  • Desde el 24 de abril se hizo obligatorio el uso de barbijos para salir a la vía pública y para trabajar, una práctica muy común en todo el mundo que ha demostrado rendir sus frutos.
  • Se realizó una fuerte campaña con todos los trabajadores del país para asegurarse que tomen las precauciones sanitarias adecuadas en el área de trabajo.
  • A través del canciller Ernesto Talvi se consiguió una línea de crédito con prestamistas internacionales para la adquisición de insumos médicos esenciales, lo que evitó la escasez.
  • En ningún momento Uruguay tuvo su sistema de salud colapsado.
  • Lo más importante: se llevan a cabo rutinariamente tests aleatorios y masivos. Actualmente cuenta con una tasa de 5.400 tests cada millón de habitantes, que es más del triple que Argentina (1.240) y Brasil (1.597).

Medidas económicas

Desde que comenzó la pandemia, Uruguay experimentó una caída de ventas de las empresas de un 75%. Algunos locales cerraron en su totalidad por casi dos meses. Otros abrieron permanecieron cerrados pero luego abrieron y tomaron estrictas medidas de seguridad, e inclusive otros nunca cerraron y tomaron una mayor precaución aun desde el primer día. En ningún momento el gobierno obligó a los comercios a cerrar sus puertas. Poniéndolo en números sin embargo, llegaron a cerrar el 70% de las empresas y los comercios, aunque ahora ya casi el 50% volvieron a abrir sus puertas.
En respuesta, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y su equipo dialogó con los comercios y se llevaron a cabo una serie de medidas al respecto:
  • Los comercios se comprometieron a no subir los precios de los alimentos por un determinado tiempo y no echar empleados, a cambio de un fondo estatal de dinero a bajas tasas.
  • Se instauró un seguro de desempleo especial mientras dure la pandemia. Además, se creó un seguro parcial para los trabajadores que, sin haber perdido el trabajo, enfrentan suspensiones y una reducción de la jornada laboral.
  • Se impulsaron las escuelas rurales, con clases mas alejadas de los centros urbanos que a su vez fueron las primeras en retornar, ya que esto no  sobrecarga el transporte público ni obstaculiza el distanciamiento social. Las clases normales en centros urbanos retornarán en tan solo 2 semanas
  • Se recortaron los sueldos de los funcionarios entre 10 y 20% por dos meses.

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Chile

Boric presentó su gabinete: guiños a la DC y una purga militar a cargo de la nieta de Allende

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El presidente electo de Chile hizo la presentación del gabinete que lo acompañará desde el próximo 11 de marzo. La mayoría de las carteras estarán ocupadas por mujeres y dirigentes de los partidos izquierdistas que no lo acompañaron en la primera vuelta, para obtener diálogo en un Congreso donde es minoría.

Gabriel Boric designó el pasado viernes, al gabinete de ministros que lo acompañara desde el inicio de su mandato. El objetivo del comunista es tener mayor consenso parlamentario, donde tendrá minoría.

Por eso nombró miembros de los espacios de izquierda e independientes que le brindaron apoyaron en la primera vuelta, como el Frente Amplio y el Partido Comunista. Por otro lado, un tercio del gabinete será para referentes independientes y sin partido, pero de alta intensidad dentro del electorado izquierdista.

Otro de los puntos a destacar es que la mayoría de las carteras serán ocupadas por mujeres, con el objetivo de limpiar su imagen tras las denuncias de acoso a una excompañera de militancia. 14 de los 24 funcionarios serán mujeres, será el primer gabinete de la historia chilena con mayoría femenina.

“Hemos conformado este equipo de trabajo con personas preparadas, con conocimiento y experiencia, comprometidos con la agenda de cambios que el país necesita y con la capacidad de sumar miradas, distintas perspectivas y nuevas visiones”, dijo Boric.

Además, siete de los 24 ministros no alcanzan los 40 años. El promedio de edad del gabinete será de 42 años. Desde el entorno del próximo mandatario indican que hay que darles “mayor trascendencia a los jóvenes”.

Los nombramientos más importantes

  • Mario Marcel: actual presidente del Banco Central, en una muestra de la moderación para la política y la ciudadanía.
  • Camila Vallejos: la comunista y exdiputada, será la vocera presidencial. En el pasado fue compañera de militancia de Boric en las revueltas estudiantiles en contra del primer mandato de Piñera.
  • Izkia Siches: médica y ex presidenta del Colegio Médico, ocupará el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, primera mujer en la historia chilena en adueñarse del cargo. Fue la jefa de campaña de Boric.
  • Maya Fernández: afiliada al PS y nieta del derrocado Salvador Allende, será la encargada de Defensa Nacional. Su tarea será limpiar a los militares pinochetistas que todavía quedan en las fuerzas.

Así quedará conformado el gabinete en su totalidad:

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Bolivia

Gobierno de Bolivia estanca la economía y prohíbe el uso de criptomonedas en el país

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En un nuevo comunicado emitido por el Banco Central de Bolivia se decretó la nueva prohibición, sustentada en que se busca proteger a la población de fraudes y estafas. La medida llega tras numerosos intentos de regular y eliminar la venta y negociación en criptoactivos que se dio en el país en los últimos 5 años.

Así lo anunció el Banco Central de Bolivia junto a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Desde esta semana, todas las negociaciones, transacciones y el uso de criptomonedas quedan prohibidas en el país.

Mediante un comunicado administrativo, ambas instituciones, las encargadas de dirigir la política económica y monetaria de la nación, eliminaron del mercado las transacciones con este tipo de activos, argumentando que no están dotadas de seguridad y respaldo, pudiendo dar lugar a estafas. En resumen, han ilegalizado su curso en el país.

El mismo comunicado, recuerda también que las transacciones reconocidas y avaladas por el sistema financiero son aquellas que el mismo banco central autoriza, o en su defecto, las que provengan y tengan aval de un estado, zona económica o grupo de países, previa autorización del banco central.

El uso de medios alternativos para transacciones, y sus formas regulatorias, viene siendo obstaculizadas desde la llegada de Evo Morales y su cambio de constitución en el año 2009. En este texto legal, se le otorgó al estado poderes especiales para regular el sistema económico del país. Entre las disposiciones están la posibilidad de congelar los tipos cambiarios, emitir moneda con la venia del Banco Central, y la creación de monopolios estatales sobre rubros productivos y en torno al uso de una moneda específica.

Artículo 328. I. Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinación

con la política económica determinada por el Órgano Ejecutivo, además de las señaladas

por la ley:

1. Determinar y ejecutar la política monetaria.

2. Ejecutar la política cambiaria.

3. Regular el sistema de pagos.

4. Autorizar la emisión de la moneda.

5. Administrar las reservas internacionales.

Paradójicamente, la prohibición de las criptomonedas viola uno de los objetivos que se traza el estado boliviano en su constitución, como lo es el fomento al desarrollo de empresas, micro, pequeñas y medianas, puesto que existen algunos startups cuyos capitales están basados precisamente en estos activos, los cuales se verán en aprietos para cambiar y adaptarse a la nueva disposición.

El gobierno de Arce parece intentar criminalizar la tenencia o el comercio de criptomonedas y está dispuesto a cerrar la puerta a todas las empresas y corredores que pretendan prestar servicios relacionados.

Analistas económicos observan que el fin del gobierno gira en torno a los intereses fiscales que pueda representar la readaptación de los emprendimientos con activos digitales. Pues el mudar sus capitales a monedas reconocidas y reguladas por el banco central, implica un sometimiento a las cargas de impuestos del sistema financiero boliviano, que no deja de ser uno de los más pesados en la región.

“La economía tiene que entrar a este nuevo sistema de avance digital. (..) Se debe cambiar la percepción y tomar en cuenta que el actual sistema financiero va quedando obsoleto. El problema se trata de un tema de regulación en donde el Estado, al que le preocupa la parte fiscal, debe proponer diferentes normas que no tengan una postura cerrada.” Señala César Salamanca, economista boliviano.

Sin embargo, se prevé que el efecto de esta nueva norma sea el contrario al que espera el gobierno de Bolivia. Muchas empresas, principalmente de pagos de servicios en línea utilizan y prevén utilizar criptomonedas para facilitar las transacciones con sus usuarios. Los que implica una falta de formalización de las inversiones en el país, dejando inutilizables las órdenes que vengan del gobierno.

En lugar de abrirse a las nuevas formas ó nuevos métodos para generar riqueza, y adaptarse a los cambios de la economía global, el gobierno comunista de Arce pretende cerrar, aún más, la frágil e informal economía de su país. Esto lejos de dar seguridad a los trabajadores, uno de los objetivos de su gobierno, fomenta el crecimiento de inversiones en el mercado ilegal. Mientras otros países adaptan criptomonedas a sus sistemas económicos, Bolivia las aleja y se vuelve a aislar del mundo.

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Uruguay

Lacalle Pou está combatiendo la delincuencia: Datos oficiales muestran históricas bajas en todos los delitos

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El Ministerio del Interior, encargado de la Seguridad Publica en el país oriental, dio a conocer el martes pasado las cifras de delitos en todo el país, y mistró que hubo una baja histórica en comparación con años anteriores.

El presidente Luis Lacalle Pou llegó al poder en Uruguay en gran parte por sus promesas de mano dura contra la delincuencia, un tema que había ofuscado el debate político en 2019.

Una pata fundamental de esta política contra la inseguridad había sido diseñada por Jorge Larrañaga, quien lamentablemente falleció en el pasado mes de mayo del año pasado y se puso en jaque el compromiso del gobierno “multicolor” en seguir combatiendo con dureza a la delincuencia.

En este contexto, Lacalle Pou publicó con bombos y platillos en Twitter una tabla con las cifras de denuncias de delitos, comparando los años 2019, 2020 y 2021.

Según los datos publicados por el Ministerio del Interior, en el caso de los homicidios, la cifra bajó un 11,2% en comparación con 2020, y un destacable 23,7% si se toma en cuenta la variación entre 2019 y el año pasado.

Cabe recordar que hasta 2019 gobernó el Frente Amplio, partido de izquierda que por más de una década lideró el Gobierno haciendo estragos en materia de seguridad.

El ministro Alberto Heber, quien confeccionó la tabla, también expuso que los hurtos bajaron un 5,5% en el último año y un impresionante 19,9% en comparación con el periodo bianual 2019-2020. Las rapiñas bajaron un 13,5%, y 18,8%, en ambas comparativas respectivamente.

De todos modos, estos números deben ser analizados con mucha cautela, ya que principalmente en el área metropolitana, la gente, cansada de la inseguridad, ya ni siquiera realizan la denuncias correspondiente.

Un tema que también había sido central en la campaña del 2019 es el abigeato (robo de ganado en la zona rural), una problemática que el Campo le pedía al presidenciable del Partido Nacional que enfrente con especial ímpetu. Este delito fue el que más se vio reducido, según los datos expuestos, demostrando un fuerte interés del Gobierno en combatir este siniestro.

El abigeato habría bajado un 39,2% entre 2020 y 2021, periodo en el cual se implementó un importante plan de monitoreo por parte del Ejército en las zonas fronterizas con Brasil, epicentro de este tipo de delito.

Por su parte, el tipo de crimen que menos se vio reducido en los dos años de gobierno de Lacalle Pou fueron las denuncias por violencia doméstica, que se movieron 0,6% a la baja en comparación con 2020, y un magro 1,3% en total.

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