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Cumbre Mercosur: Lacalle y Bolsonaro acordaron bajar el Arancel Común un 10% a pesar del berrinche de Alberto Fernández

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Los gobiernos de Uruguay, Brasil y Paraguay finalmente le pusieron la firma en la reducción del Arancel Externo Común en un punto porcentual. Argentina aceptó pero luego de un duro cruce con Lacalle Pou.

A pesar de la resistencia de Alberto Fernández, que ha quedado aislado en un Mercosur dominado por los gobiernos más de derecha de Luis Lacalle Pou, Jair Bolsonaro y Mario Abdo Benitez, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay pusieron la firma para una reducción del Arancel Común Externo en 1 punto porcentual.

Acordamos la reducción del Arancel Externo Común, consensuando una reducción del 10% del valor”, dijo el canciller paraguayo, Julio César Arriola, anfitrión en la ciudad paraguaya de Luque de la LX Reunión Ordinaria del Consejo Mercado Común del Mercosur.

No sin antes un berrinche del presidente argentino. "Tenemos que estar más unidos que nunca, sino vamos a cometer el peor de los errores. Eso no quiere decir que no debamos discutir las asimetrías que padecen países como Uruguay y Paraguay, no me voy a hacer el distraído con eso. Tenemos que resolver todo lo que haya que resolver, pero debemos hacerlo como socios", dijo Fernández durante su alocución.

También criticó la decisión de Lacalle Pou de iniciar conversaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Uruguay y China por fuera del Mercosur. El mandatario uruguayo había intentado que el acuerdo comercial sea suscrito por todas las partes, pero ante la negativa decidió mantener lo negociado y está a punto de firmarlo.

Fue en ese marco, que Alberto Fernández afirmó que “no nos ilusione la idea de separarnos y buscar soluciones individuales, con un proyecto propio que me alcance a mí, todo eso es de corto aliento”.

El presidente uruguayo tomó el micrófono inmediatamente y fue claro: no frenará las negociaciones con China. “La mejor manera de proteger a mí nación, a mí pueblo, es abriéndome al mundo”, añadió.

No es una iniciativa de este gobierno, sino de dos, tres gobiernos hacia atrás. Es un sentir nacional”, defendió y reveló que Uruguay ya finalizó los estudios de factibilidad para firmar el tratado comercial con China.

Alberto Fernández está en tratativas de sumar a Bolivia al Mercosur, para conseguirse un voto extra para el Foro de Sao Paulo en los debates, que le permita mantener el arcaico sistema de protección industrial del mercado común.

El kirchnerismo apuesta que sumando a Bolivia y con una victoria de Lula este año en las elecciones de Brasil, el balance político dentro del Mercosur quedará favorable a la izquierda por 3-2, mientras que hoy es 3-1 en favor de la derecha.

Aunque poco se está hablando del tema, el ingreso de Bolivia al Mercosur es muy cercano. De hecho a este encuentro viajó el canciller boliviano Rogelio Mayta, quien participó de todas las discusiones con los ministros de Exteriores de Paraguay, Julio César Arriola; de Argentina, Santiago Cafiero; de Brasil, Carlos França; y de Uruguay, Francisco Bustillo.

Justamente fueron França Bustillo quien firmaron en junio del año pasado una declaración conjunta en la que sus países manifestaron su acuerdo en la reducción del Arancel Externo Común, y recientemente lograron el apoyo paraguayo de Arriola, dejando en minoría a Cafiero.

Brasil

El Congreso de Estados Unidos insta a Alexandre de Moraes a explicar las denuncias de violaciones de derechos humanos en Brasil

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La Cámara de Diputados de Estados Unidos le dió 10 días al juez de la Corte Suprema aliado de Lula para que explique sobre una serie de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos.

Este 21 de junio, el Congreso de Estados Unidos le pidió al juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, que explique las denuncias que tiene en su contra por violaciones a los derechos humanos en su país, en medio de una investigación a la persecución política de opositores brasileros.

Es por eso que este jueves, el presidente del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el republicano Chris Smith, envió una carta directamente al juez Moraes, instándole a contestar, en un plazo máximo de 10 días, una serie de preguntas relacionadas con todas las denuncias que fueron expuestas durante una audiencia, llevada a cabo el mes pasado en el Congreso estadounidense.

El 7 de mayo presidí una audiencia pública de la subcomisión titulada ‘Brasil: ¿Una crisis de democracia, libertad y Estado de Derecho’?”, comienza relatando la carta de Smith. “El objetivo de esta audiencia era debatir los alarmantes informes sobre violaciones generalizadas de los derechos humanos cometidas por funcionarios brasileños, entre ellas la mala conducta judicial, la persecución de la oposición política, la supresión de la libertad de expresión y el silenciamiento de los medios de comunicación de la oposición”, continúa. 

Los testimonios ofrecidos en la audiencia aportaron hechos y pruebas creíbles y fundamentadas sobre estos problemas, y dibujaron un panorama profundamente inquietante del estado de la democracia y los derechos humanos en Brasil. La audiencia ha suscitado gran preocupación entre los miembros del Congreso de Estados Unidos por el estado de la democracia en Brasil”, sentencia la misiva. 

En la audiencia a principios de mayo, testificaron cuatro personas, tres de las cuales fueron víctimas de las políticas de censura llevadas a cabo por el juez aliado de Lula. Entre ellos se encontraba el periodista Michael Shellenberger, quien investigó a fondo el tema de la censura en Brasil durante años e hizo viral la evidencia revelada en los Twitter Files a través de un extenso hilo en X a principios de abril.

También testificaron en contra de Moraes el periodista brasilero Paulo Figueiredo, exiliado actualmente en Estados Unidos por haber sido muy crítico contra el gobierno de Lula, que le valió una fuerte censura por la Corte Suprema en todas sus plataformas de redes sociales, además de que su patrimonio fue bloqueado.

A su vez, Christopher Pavlovky, empresario dueño de la plataforma de videos canadiense Rumble, que fue bloqueada en Brasil en 2023 por orden del STF por publicar contenido disidente del gobierno; y el académico brasileño Fabio de Sa e Silva, profesor en la Universidad de Oklahoma, quien está diseñando una investigación comparativa sobre cómo los autócratas en ascenso utilizan la ley para amasar poder y qué se puede hacer para detener sus movimientos.

El presidente del Subcomité expresó que “debido a la gravedad de las cuestiones, y con el fin de garantizar que las relaciones entre Estados Unidos y Brasil se lleven a cabo sobre la base de información precisa”, le solicita a De Moraes a responder siete preguntas relacionadas con: la existencia actual de censura; la emisión de órdenes para el cierre o suspensión de medios de comunicación en Brasil; y la existencia de medidas de procesamiento o investigación contra parlamentarios opositores al actual gobierno.

También pide respuesta acerca de la observancia del debido proceso legal en investigaciones y procesamientos, incluyendo notificaciones adecuadas a residentes en EE.UU.; el conocimiento de represión transnacional utilizando agencias estadounidenses o internacionales, como el FBI contactando a residentes estadounidenses por órdenes brasileñas; la emisión de órdenes contra empresas o individuos fuera de Brasil; y la exigencia a empresas o personas estadounidenses de cumplir órdenes cuestionables según la legislación brasileña, incluyendo amenazas de acciones legales o bloqueos en Brasil a empresas estadounidenses, como Twitter.

Le ruego respetuosamente que me proporcione una respuesta en el plazo de diez días hábiles, ya que actualmente estoy trabajando en legislación relacionada con este asunto con otros miembros de la Cámara”, concluye la carta de Smith.

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Brasil

Se profundiza la dictadura en Brasil: El juez Moraes ordenó monitorear redes sociales y rastrear usuarios opositores

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La Corte Suprema de Brasil abrió el viernes una licitación para contratar una empresa para que haga un monitoreo de las redes sociales en busca de contenidos que critiquen al Gobierno y al máximo tribunal.

El juez Alexandre de Moraes, quien desde el Supremo Tribunal Federal (STF) está imponiendo un régimen autoritario en Brasil donde no existe el debido proceso y se persigue a opositores, ordenó abrir el viernes una licitación para contratar una empresa que haga monitoreo las redes sociales en busca de usuarios que insulten al gobierno de Lula y a la propia Corte Suprema.

El contrato, que destina 345.000 reales brasileños (unos 63.500 dólares), tendrá una duración de un año y tendrá el objetivo de proveer información para que el Gobierno pueda combatir lo que llama desinformación y los ataques que recibe en internet.

La empresa que gane la licitación tendrá la tarea de realizar un seguimiento 24×7 de plataformas como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Flickr, TikTok y LinkedIn. El trabajo incluirá el análisis de la imagen del Supremo, la identificación de temas relevantes abordados por los usuarios y la clasificación del material. Además, la empresa deberá identificar a las personas que comparten los contenidos, especialmente a los autores de menciones negativas.

La Corte solicita que la empresa que realice esta tarea utilice una herramienta específica capaz de "identificar públicos, formadores de opinión, discursos adoptados, georreferenciación del origen de las publicaciones, así como evaluar la influencia de los públicos, los patrones de los mensajes y eventuales acciones organizadas en la web".

La empresa deberá proporcionar a los jueces de la Corte informes diarios, semanales y mensuales donde se identifique a los formadores de opinión que hablen en contra del Tribunal Supremo, analizando su posicionamiento y su capacidad de repercusión. El trabajo también incluirá una evaluación general del impacto de la movilización en torno a temas relacionados con la Corte y sus reflejos en la opinión pública.

La herramienta no solo proporcionará datos precisos sobre la imagen de la Corte en el universo digital, sino que también buscará inhibir la difusión de críticas y amenazas contra los jueces. Los datos recopilados podrán ser compartidos con la Policía Federal si fuera necesario.

El monitoreo se realizará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año. La empresa contratada deberá rastrear palabras clave y temas de interés definidos por el Tribunal en las diferentes plataformas de redes sociales y blogs no especificados.

En este contexto, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ha expresado su rechazo a la medida autoritaria del STF. En un tweet el lunes, Eduardo criticó duramente la iniciativa: "La mentalidad del STF es: si yo quiero y nadie lo hace, lo haremos nosotros mismos aquí, no importa la constitución o si es o no nuestra competencia. Después de hacerlo, basta con gritar ‘viva la democracia’, ‘derrotamos al bolsonarismo’ y cualquiera que esté en contra es antidemocrático y fascista".

Las palabras de Eduardo Bolsonaro reflejan la preocupación de la sociedad brasileña sobre el alcance de las acciones del STF y su impacto en la libertad de expresión, que han llevado a Brasil a parecerse cada vez más a una dictadura.

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Uruguay

Se desploma el modelo de Lacalle Pou en Uruguay: A 4 meses de las elecciones, hay récord de déficit fiscal y una crisis de inseguridad

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El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien recientemente ha tenido declaraciones como que "se necesita un Estado fuerte", ahora está sufriendo las consecuencias de esas ideas.

El Partido Nacional, bajo la dirección del actual presidente Luis Lacalle Pou, enfrenta una contienda electoral crítica con el Frente Amplio en octubre de este año, pero llega a las elecciones en medio de una crisis de inseguridad y un déficit fiscal récord, como no se veía desde el gobierno del comunista Pepe Mujica.

Inseguridad

La inseguridad es un tema cada vez más presente en la vida de los uruguayos, quienes enfrentan una escalada de violencia, principalmente asociada a delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Esta violencia también ha aumentado en los barrios periféricos de la capital, y los casos de ajustes de cuentas, homicidios y robos son noticias cotidianas.

Las encuestas de percepción ciudadana sobre la inseguridad muestran cifras peores que las del último año del gobierno del Frente Amplio en 2019, cuando la "seguridad pública" era la principal preocupación para el 47% de los consultados.

Otras preocupaciones como "empleo" y "educación" siguieron con el 17% y el 11%, respectivamente. En ese entonces, "economía" y "pobreza/desigualdad" llegaron al 6% y al 3%, respectivamente, mientras que "salud", "corrupción" y "valores sociales/morales" completaron el 1% cada uno.

Casos impactantes, como el reciente asesinato de cuatro personas en el barrio Maracaná de Montevideo, que incluyó la muerte de un niño de 11 años, y el asesinato en 2023 de un adolescente de 15 años en la Cruz de Carrasco, han conmocionado a la población. Estos son solo ejemplos de la creciente delincuencia que Lacalle Pou no ha logrado controlar en casi 5 años de gobierno, ya sea por incapacidad política o falta de intención.

Déficit fiscal

Además de la inseguridad, el gobierno de Lacalle Pou enfrenta un grave problema de déficit fiscal. A diferencia de su par argentino, Javier Milei, que ajusta el Estado sin temor a las quejas de la casta política, Lacalle mantiene el modelo batllista del "Estado de Bienestar” desde el 1900s.

En un intento por contentar a sus socios políticos y suavizar las críticas "sociales" del Frente Amplio, el Gobierno del Partido Nacional ha recurrido a tomar deuda, queriendo promover el "crecimiento económico" a través de obra pública y empleo estatal, una estrategia que no funciona y nunca va a funcionar.

El déficit fiscal en Uruguay ha aumentado por segundo mes consecutivo este año, situándose en un 4% del PBI en los últimos 12 meses cerrados a marzo, según el Ministerio de Economía y Finanzas. Este deterioro mensual consecutivo en las cuentas públicas es alarmante, considerando que la reducción del déficit es una tarea pendiente para el actual gobierno, al que le queda menos de un año.

El resultado del Sector Público Global (SPG) fue del -2,8% del PBI en marzo, pero ajustado por el ingreso de fondos al Fideicomiso de la Seguridad Social (FSS) y los adelantos realizados, se situó en el -4%. Para poner en perspectiva, Sergio Massa le entregó a Milei un desbalance fiscal de 6 puntos del PBI, y se trató del peor déficit de la historia argentina. En Uruguay, Lacalle Pou está a dos tercios del camino.

Este deterioro se debe, en parte, a los pagos adelantados de pasividades, remuneraciones y transferencias del BPS, que se realizaron el año pasado en marzo, algo que no ocurrió este año. Depurando este efecto, el resultado del GC-BPS fue de -3,3% del PBI.

La deuda uruguaya es un punto de alarma para el desarrollo económico nacional, señalado por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). A pesar de los recientes buenos resultados macroeconómicos que mejoraron la calificación crediticia del país por parte de Moody’s, la agencia Fitch Ratings advirtió sobre la necesidad de reducir el endeudamiento y trabajar con mayor intensidad en la consolidación fiscal.

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