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Bolivia

A un año de la vuelta al poder de Evo Morales, la derecha y los gremios convocan un paro nacional indefinido

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Desde el 8 de noviembre, las instituciones cívicas de derecha, junto a gremiales, transporte internacional y ciudadanía en general, llevan a cabo una huelga nacional en contra de un paquete de leyes que atentan contra la propiedad y la privacidad. A dos años de la caída de Evo Morales, el país sigue polarizado.

La nueva gestión del MAS cumplió su primer año en el gobierno posterior a la renuncia y vuelta al país de Evo Morales. Sin embargo, lo que representaría un momento de festejo para el socialismo boliviano, se vio empañado por una masiva protesta nacional que reunió a muchos sectores de la oposición para manifestarse contra el régimen de Evo Morales y su títere en el poder, Luis Arce.

Las protestas se dan en rechazo, principalmente, a la Ley 1.386 de “Estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo”, la cual, en sus 7 artículos, otorga facultades inconstitucionales al Poder Ejecutivo, entre ellos el Ministerio Público, la Unidad de Investigaciones Financieras y otros organismos del Estado para intervenir cuentas, obtener datos bancarios, patrimoniales e informáticos, abrir investigaciones a sola sospecha, embargar bienes, violentar secretos bancarios y profesionales sin que se necesite una orden judicial ni siguiendo procedimientos penales a quienes no justifiquen adecuadamente el origen de sus bienes.

Esta misma ley, también faculta al presidente a modificar su contenido luego de su aprobación, mediante decretos supremos, “para perfeccionar el cumplimiento de los objetivos de la ley”.

Todas estas disposiciones van en contra de los derechos constitucionales de privacidad, inviolabilidad de domicilio, patrimonio y comunicaciones, además que pretende otorgar super poderes al ejecutivo para manipular los datos antes mencionados a como lo disponga, y en contra de la propia constitución.

Esta norma provocó el inmediato rechazo de todos los sectores gremiales, de transporte, empresarios, cívicos y ciudadanía en general, puesto que más del 85% de la población percibe ingresos en la informalidad, es decir, que no son empleados con salario fijo ni con registro en planillas de alguna empresa registrada.

Luis Arce ante el Congreso.

Así, gremiales y transportistas han convocado un paro nacional indefinido desde el lunes 8 de noviembre, medida a la que se suman los cívicos, que consideran que el régimen atenta contra el modelo liberal cruceño.

El primer día de la protesta fue acatado parcialmente en el país y coincidió con el informe anual de gestión que Luis Arce emitió ante el Congreso. Como ya es costumbre del mandatario, únicamente se dedicó a proferir comparaciones de su gestión con la del “gobierno de facto” o “gobierno de la derecha golpista”, como llaman desde el MAS al periodo transitorio de la presidente constitucional Jeanine Añez, responsabilizando a esa administración por los efectos que tuvo la pandemia.

El discurso de Arce ante el Congreso se da en un momento en el cual el MAS ha copado las directivas de Diputados y el Senado, luego de haber sobornado a algunos parlamentarios del socialdemócrata Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos para que voten por sus candidatos y formen parte de la directiva.

De estos desertores, 2 pertenecen al partido de Carlos Mesa y 5 a UCS del alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, cuyo partido, en el pasado, respaldó a Luis Fernando Camacho en su candidatura presidencial. En ambos casos, todos fueron apartados de sus partidos políticos, y en el caso de Creemos, buscarán quitarlos del congreso, según lo dicho por su líder, Fernando Camacho.

El informe de Arce trató, sin éxito, de mostrar una imagen de “reconstrucción”, la cual se vio truncada al repetir más de 50 veces la frase “gobierno de facto” y 16 veces “derecha golpista”.

Ante esto, el pleno congresal se convirtió en un escenario bochornoso, lleno de carteles, silbidos y abucheos al presidente, quien tampoco se salvó de tener notorios arranques de ira durante su alocución.

Su único éxito ostentable fue haber “colocado 7,9 millones de dosis de vacuna contra el covid”, una cifra que queda muy lejana de lo que otros países de la región han logrado. En todo su discurso, basó su año de gestión comparándose con la presidencia del 2020 de Añez.

Choques en el recinto del Congreso.

Luego de esto, el paro se desarrolló con un acatamiento parcial en el país. Nuevamente, es Santa Cruz la región en donde muestra su fortaleza, tanto en la ciudad capital como en las provincias, quedándo una vez más como el bastión de resistencia al régimen socialista que gobierna Bolivia.

El paro se acata pese a que horas antes de que inicie, el ministerio de gobierno replegó policías del interior del país para tratar de aplacar la medida, sin éxito. También, es importante señalar que en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, grupos masistas, en cooperación con la policía, fueron a desbloquear violentamente las calles principales de esta ciudad. 

Se observa en vídeos a policías tirando mesas y sillas usadas por vecinos para instalarse en las calles y a grupos encapuchados que lanzaban petardos contra la ciudadanía instalada en sus lugares de bloqueo. También se registraron enfrentamientos entre cívicos y masistas en los suburbios, donde la policía gasificó.

En regiones como Cochabamba tuvo un acatamiento parcial, con bloqueos esporádicos y las instituciones del estado regional y nacional funcionando normalmente.

En La Paz, sede de gobierno, no se registraron puntos de bloqueo como en 2019, pero sí se hizo notar una importante marcha de gremiales y mineros que rechazan la Ley 1386.

Hacia el sur del país, en Potosí se notó también un acatamiento total a la medida de paro. En este departamento, los cívicos declararon “personas no gratas” a Luis Arce y David Choquehuanca, presidente y vicepresidente del país.

También se registraron enfrentamientos entre ciudadanos y militantes del MAS, que dejaron algunos heridos tras la gresca. Potosí ya es, por debajo de Santa Cruz, uno de los epicentros del antimasismo.

También en el sur, Tarija resistió al gobierno y sus grupos con más de 50 puntos de bloqueo en la capital y carreteras nacionales. Por el contrario, otras regiones como Pando, Beni y Chuquisaca no acataron la medida, o la acataron muy esporádicamente. 

Hacia el segundo día, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, informó que la medida en Santa Cruz se mantiene, versión que ha sido secundada por los líderes gremiales de las otras regiones del país.

El transporte internacional ha anunciado que desplegará su maquinaria a todas las carreteras del país para cerrar los pasos fronterizos y no se sabe hasta cuándo durará este paro nacional convocado por la derecha.

Argentina

En Bolivia se negaron a atender a un argentino que había tenido un accidente de tránsito y lo dejaron morir: “Acá pesos argentinos no”

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El sistema de salud de Bolivia es gratis para los bolivianos, a diferencia de Argentina, donde se gastan millones en atender todo tipo de extranjeros.

Mientras en Argentina cualquier extranjero es atendido por el sistema de salud pública, nadie se ocupa de los argentinos que son dejados para que mueran en países tan cerca como Bolivia. Este es el caso de Alejandro Benítez, un jubilado que se había propuesto recorrer el territorio boliviano en moto.

En una ruta boliviana, a la altura de la localidad de Ivirgarzama, ubicada a unos 220 kilómetros de distancia de la ciudad de Cochabamba, fue embestido por un camión y las autoridades médicas de Bolivia se negaron a darle asistencia por no ser ciudadano boliviano.

El docente de la Escuela de Educación Técnica 3135 permaneció por más de una hora tirado en el asfalto y otra hora en una sala de primeros auxilios precaria. Durante estas dos horas, ningún médico o agente de primeros auxilios lo asistió, negándose a tratar a una persona que no tuviera la nacionalidad boliviana.

Según los testigos, el personal médico que lo recibió no quiso llamar a la ambulancia para que lo trasladaran a otro centro de mayor complejidad, asegurando que no podían hacerse sin cargo sin cobrarle.

Los amigos de Alejandro, que lo fueron a buscar a la sala de primeros auxilios, se encontraron con que los médicos le exigían que pagaran previamente los gastos de emergencias y el uso de una ambulancia, según consigna la ley boliviana.

Pero el problema radicó en que cuando juntaron la plata e intentaron abonar la suma que les exigían, no se las aceptaron porque sólo tenían pesos argentinos. “Acá pesos argentinos no, acá plata boliviana o dólares”, les dijeron.

En medio de la desesperación, salieron corriendo a una casa de cambio en otro pueblo para conseguir el dinero, pero después de más de dos horas sin atención, falleció antes que puedan trasladarlo. Denunciaron también que los policías que intervinieron en el caso secuestraron la moto y todas las pertenencias de la víctima y todavía no las entregaron.

Al tomar conocimiento del fallecimiento, los familiares de General Mosconi viajaron hasta Bolivia a buscar el cuerpo de Benítez. Este jueves, inhumaron los restos. “Fue espantoso saber que solamente por plata lo dejaron morir después de una agonía de dos horas en la que Alejandro estaba totalmente consciente, porque no había sufrido golpes en la cabeza“, cuestionó Walter, yerno de la víctima.

Mi suegro solo pedía que no lo dejen morir y sus compañeros motoqueros lloraban a la par de él sin poder hacer nada para salvarle la vida“, relató.

Al ser consultado sobre cómo fue el accidente, el familiar explicó: “Eran un grupo de cinco motociclistas argentinos que tenía una gran experiencia en rutas porque ya habían estado en Brasil y toda Argentina. Mi suegro iba al último, detrás de dos motociclistas jujeños, cuando un camión quiso cruzarlo, lo tocó en el brazo y por la velocidad Alejandro voló y cayó al costado de la cinta asfáltica“.

Por la mala maniobra del camionero otro vehículo que venía detrás chocó a la unidad y por eso al rato del accidente se hizo presente personal policial“, agregó. Según los testigos, el conductor del vehículo, un boliviano, sí fue trasladado en ambulancia.

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Bolivia

Dictadura en Bolivia: Sentenciaron a la ex presidente constitucional Jeanine Añez a 10 años de prisión

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El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que responde a Evo Morales, dio conocer su fallo y Jeanine Añez se convierte en la primera presa política de la dictadura socialista boliviana.

La ex presidente de Bolivia, Jeanine Añez, quien llegó al poder a través de la sucesión constitucional, fue condenada este viernes a 10 años de prisión por el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, un organismo judicial dominado por militantes de Evo Morales.

Con esta decisión, el gobierno de Luis Arce, que sigue los mandamientos del ex mandatario, se consolidó como una dictadura que persigue políticamente a la oposición, como ocurre en países como en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

El fallo dictaminó una sentencia por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, un argumento claramente falso ya que Añez era vicepresidente 2da del Senado, y llegó al poder luego de que renunciara el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, el presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda, y la presidente del Senado Adriana Salvatierra.

En ningún momento fue designada o nominada por las Fuerzas Armadas, y asumió su cargo por sucesión política exactamente como está caracterizada en la Constitución. Incluso el propio Evo Morales había dicho que no renunciaba por las presiones del Ejército cuando se descubrió que había cometido fraude en las elecciones del 2019, si no porque los cocaleros y las comunidades indígenas le habían soltado la mano.

El Tribunal Primero de Sentencia sentenció que deberá cumplir una condena de 10 años a cumplir en una cárcel de mujeres en La Paz, tres meses después de comenzar el juicio y 15 meses después de que la ex mandataria fuera encarcelada arbitrariamente.

En su alegato final, Añez se declaró inocente y señaló que el Tribunal “excluyó pruebas que descartaban un derrocamiento” de Morales en 2019. “Nunca busqué el poder”, afirmó la ex presidente, quien no dudó en decir que es una “presa política” de Evo Morales.

Áñez tuvo que enfrentar el juicio desde la cárcel en la que está detenida desde hace más de un año. Al principio, el gobierno no dio explicaciones de su arresto, pero luego las autoridades aseguraron que existía “riesgo de fuga” y que su arresto era “preventivo”.

Este viernes en su última declaración Áñez cuestionó que se le haya negado “un debido proceso”, la acusaron de delitos “que no ha cometido”, no le permitieron defenderse en libertad y que ese tribunal no tenía la competencia de juzgarla porque en su calidad de expresidente le correspondía un juicio de responsabilidades, que también le negaron.

En Bolivia, debido a una ley que aprobó el propio Evo Morales, los funcionarios y ex funcionarios deben ser juzgados por un comité del Congreso, en lo que se conoce como un juicio de responsabilidades. Sin embargo, Añez hubiera sido exonerada en el Congreso ya que el MAS no tiene mayoría absoluta, por lo que fue ilegalmente juzgada en un tribunal ordinario.

La ex mandataria presentó varios quebrantos de salud a lo largo del juicio para pedir que se le otorgue arresto domiciliario, ya que en la cárcel no se le permitía tomar su medicación para la hipertensión y el hipotiroidismo, y según la OEA, se cometieron violaciones a los derechos humanos.

La ex mandataria es la primera condenada por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia en 2019, en un proceso que se desarrolló por la vía ordinaria y sin violar la Constitución.

Sin embargo, tras el regreso al poder del MAS, se inició una cazería de brujas para encarcelar a todos los líderes opositores. Funcionarios del gobierno de Añez, como su jefe de Gabinete o su ministro de Defensa, se dieron cuenta lo que estaba pasando y se dieron al exilio a Estados Unidos. Pero la ex presidente decidió quedarse y hasta intentó ser candidata a gobernadora de Beni, pero quedó en segundo lugar.

Por último, otros líderes opositores que el MAS quería apresar son los derechistas Fernando Camacho, Marco Pumari y Manfred Reyes Villa, pero ganaron cargos públicos en las elecciones subnacionales del año pasado y obtuvieron fueros políticos.

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Bolivia

Endeudamiento insostenible: La deuda pública de Bolivia llegará al 80% del PBI este año

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El endeudamiento del Estado boliviano comienza a mostrar signos de insostenibilidad. El déficit fiscal creció de manera casi ininterrumpida desde el año 2014, y en 2020 alcanzó el nivel más alto desde 1985.

El desequilibrio de las finanzas públicas de Bolivia se sigue profundizando, y la manera para cerrar la brecha entre ingresos y gastos fue el endeudamiento interno y externo. Un reciente informe del Banco Mundial estima que la deuda pública consolidada de Bolivia llegará al 80% del PBI en 2022. La cifra incluye a todos los niveles del Estado, incluso el Banco Central y las empresas estatales.

Si bien el endeudamiento entre 2020 y 2021 responde a un programa de asistencia financiera similar al que se dio en todas partes del mundo a causa de la pandemia, Bolivia arrastra una herencia de fuertes desequilibrios fiscales desde 2014.

El déficit financiero del sector público consolidado marcó un rojo del 2,54% del PBI en 2014, aumentó al 6% en 2015, 6,7% en 2016, 7,4% en 2017, 8,3% en 2018, 7,2% en 2019 y llegó al 9,7% del PBI en 2020. Esta última cifra fue la más alta desde 1985, cuando el país atravesaba una profunda reforma estructural en la economía.

El tamaño del gasto público de Bolivia está en los niveles más altos desde las reformas en la década del 80, como herencia de la administración socialista de Evo Morales. El tamaño del Estado superó el 44% del PBI en 2015 (una cifra similar a Alemania y Noruega), y cerró el año 2020 en el 38% del PBI. Pese al ajuste fiscal, el tamaño del Estado sigue siendo imposible de financiar.

La economía de Bolivia mantiene una elevada dependencia de los movimientos en el precio de los bienes transables exportables. Con el fin del boom de las materias primas, el sistema tributario no pudo seguir sosteniendo los abultados excedentes que había retenido entre 2005 y 2012. Pero a diferencia de la inestabilidad en la recaudación fiscal, el gasto público se mostró mucho más inflexible a la baja.

En reemplazo del uso de la política monetaria (que siguió siendo mayormente independiente), el Gobierno de Bolivia hizo uso del endeudamiento. El Banco Central de Bolivia estima que la deuda pública total alcanzaba el 36,1% del PBI en 2013, y trepó al 56,5% en el año 2019 (antes de la pandemia), para luego volver a aumentar brutalmente hasta el 67,3% del producto en 2020 y casi 80% en la proyección para 2022.

Ante la falta de un mercado de capitales capaz de proveer el crédito suficiente, el Estado boliviano debió hacer mayormente uso del ahorro externo para cerrar sus brechas fiscales. La deuda pública externa trepó de los US$ 2.505 millones en 2008 hasta los US$ 12.589 millones en julio de 2021, prácticamente se quintuplicó medida en dólares.

La deuda interna se mantuvo en niveles relativamente constantes hasta 2017, pero comenzó a aumentar de manera exponencial a partir de 2018 debido al empeoramiento de la calificación crediticia externa. Este hecho limitó la cantidad de bonos que pudieron ser colocados en el exterior.

La deuda interna aumentó de US$ 4.474 millones en 2017 a US$ 13.685 millones en 2021. Esta vez, se añade un efecto recesivo como resultado de la falta de crédito para el desarrollo del sector privado. Así como en Argentina, el Estado boliviano absorbe una porción cada vez más grande del crédito local. 

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