La semana que viene se debatirá en el Congreso un proyecto de ley que permitirá señalar como “terroristas” a cualquier persona que intente “subvertir el orden social”, con un cuarto de siglo de condena.

La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) denunció esta semana que el proyecto de ley número 280, presentado por el gobierno socialista de Luis Arce y tiene el nombre de “Ley de Fortalecimiento a la Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”, criminaliza y penaliza las protestas sociales.

“De la forma en que está redactado el tipo penal de terrorismo, se criminaliza la protesta social. Cualquier grupo de personas que estén haciendo una protesta social, puede ser acusado por fiscales y jueces que responden al MAS y por denuncias del Gobierno“, denunció el diputado opositor Carlos Alarcón.

“Así estarían intimidando a algún sector de la población con el objetivo de que no se realice un acto del Gobierno nacional y si esto se hace a través de una acción que restrinja libertades, eso sería considerado (un acto de) terrorismo con un castigo de 20 a 25 años de prisión y decomiso o confiscación de los bienes de las personas que sean condenadas sin siquiera tener sentencia condenatoria ejecutoriada”, remató.

Bolivia es hoy una dictadura. Desde la vuelta del MAS al poder de la mano de Luis Arce, esbirro de Evo Morales, la nación boliviana se ha tornado en una brutal dictadura donde los principales opositores políticos están detrás de las rejas.

Primero fue Jeanine Añez, la ex presidente y principal rival de Evo Morales. Después fueron varios líderes cívicos, y más recientemente, cayó el líder de la oposición y actual gobernador del departamento de Santa Cruz, el derechista Luis Camacho.

Sin posibilidad de apelación y sin cargos reales en su contra, Camacho, Añez, y tantos más se convirtieron en la población carcelaria de un país que cayó en el mismo camino que Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ahora, con esta ley, buscará trasladar la persecución política no solamente a los dirigentes, si no a cualquiera que busque protestar.

La Ley Número 280, es una respuesta a la denominada “ley maldita 218”, que entre octubre y noviembre de 2021 generó rechazo y una ola de protestas de sectores productivos y organizaciones sociales en todo el país contra el Gobierno. Las medidas de presión obligaron al oficialismo a dejar sin efecto la normativa.

“Éste es el que está reemplazando al famoso proyecto de Ley 218, que fracasó hace un año atrás. ¿Cuál es el problema? El problema es que con cuatro figuras penales se quiere implantar la dictadura en el país”, sostuvo Alarcón.

Este proyecto modifica las figuras penales del Código de Procedimiento Penal de terrorismo, financiamiento al terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas, decomiso y confiscación de bienes, para abarcar a las personas que son detenidas protestando en contra del Gobierno.

El artículo dos que modifica esos tipos penales, en su punto II se refiere al terrorismo y a las sanciones de este tipo penal bajo la siguiente redacción: “Será sancionada con privación de libertad de 20 a 25 años y decomiso de los bienes que sean producto o instrumento del delito, la persona que intimide, coloque o mantenga en estado de alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella, con el fin de subvertir el orden constitucional, deponer el gobierno elegido constitucionalmente o obligar a un gobierno nacional, extranjero u organización internacional a realizar o abstenerse de realizar algún acto, por medio de una o varias de las siguientes conductas”, se lee en el proyecto de Ley 280.

Son siete incisos que detallan esas conductas penales, que incluye un artículo que interpreta a las protestas como la “ejecución de acciones con el fin de provocar muerte, lesiones o restricción de la libertad de las personas“, elevando su respectiva condena a los 20 a 25 años de prisión.

También eleva las penas para cualquier acción, individual o colectiva, que incluya “detonar artefactos explosivos contra bienes públicos o privados; apoderarse de una aeronave, medio de transporte terrestre o buque mediante violencia o amenaza; detener a otra persona en condición de rehén y amenazar con su vida; ejecutar un acto de violencia contra una o más personas en un aeropuerto, que cause daños o muerte, que destruya o cause graves daños a la instalación de un aeropuerto o de una nave“.

El proyecto de ley será tratado en la Comisión de Constitución el próximo 4 de abril, y se esperan protestas masivas en el país a medida que dicha legislación vaya avanzando en el Congreso. Cabe destacar que Santa Cruz sigue en protesta hace meses por la detención de su gobernador de manera arbitraria.

El “socialismo del siglo XXI” decidió nacionalizar y apropiarse de los fondos para el futuro de millones de personas, a fin de obtener recursos frescos con los cuales financiar el abultado déficit fiscal. Al mismo tiempo se recrudece la corrida contra el peso y la escasez de divisas.

La relativa estabilidad macroeconómica que Bolivia mantuvo en las últimas décadas parece poco a poco llegar a su fin. Completamente colmado por problemas de índole fiscal, el Gobierno del presidente Luis Arce anunció la expropiación de los recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el sistema de capitalización que le permitió a los bolivianos acceder al derecho a una jubilación garantizada tras la quiebra del régimen de reparto en 1996.

El Gobierno boliviano llevó adelante una política fiscal extremadamente irresponsable en los últimos años: el déficit fiscal se mantiene por encima del 7% del PBI desde el año 2016, y alcanzó un récord histórico de hasta el 12,7% del producto durante la pandemia. La mayor parte del financiamiento fue la deuda pública (interna y externa), aunque una parte significativa logró monetizarse exitosamente debido a la sólida demanda de dinero que se mantuvo gracias al sistema cambiario del país.

La violenta corrida contra el peso llevó a miles de personas a acudir a los bancos para convertir sus ahorros en dólares, temiendo una posible devaluación y un cambio de régimen en el sistema monetario del país. En esta situación, la monetización del déficit se vuelve inflacionaria (no hay demanda contra la cual contrarrestar la emisión), y el socialismo apuesta a utilizar los fondos acumulados en las cajas previsionales. 

El presidente Arce dispuso la emisión de Bonos soberanos a 20, 30 y hasta 50 años con tasas de interés que fluctúan entre el 4,8% y el 5,1% anual, los cuales serán usados para consumar progresivamente la estatización del sistema previsional hacia mayo del año 2024. 

Bolivia reanudará nuevamente el sistema de reparto estatal, con lo cual los aportes a la seguridad social dejarán de acumularse en cajas de previsión para pasar a respaldar las jubilaciones actuales de acuerdo a los estándares que disponga el Estado. 

Del mismo modo en que lo hizo el kirchnerismo en Argentina durante el año 2008, el Gobierno de Arce se vale de una importante caja de recursos con la cual podrá seguir manteniendo el financiamiento del déficit, a costa de resignar el futuro y el esfuerzo de años de aportes para millones de personas.

Sin embargo, y a pesar de las medidas, el frente cambiario todavía permanece a la deriva. Las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia cayeron en 11.585 millones de dólares desde el año 2015. La autoridad monetaria mantiene un tipo de cambio fijo y libre de mayores restricciones desde el año 2009, en torno a los 6,9 pesos bolivianos por dólar.

La paridad estable permitió anclar las expectativas inflacionarias, y crear una suerte de contracara en demanda de pesos por cada vez que el Gobierno debió monetizar grandes cantidades de déficit fiscal. Sin embargo, la falta de disciplina monetaria y fiscal se cubrió con reservas, y estas cayeron al nivel más bajo de los últimos 16 años.

Cada vez más ahorristas deciden dolarizarse en temor por las posibles represalias del Gobierno, entre otras operaciones temiendo una posible devaluación del tipo de cambio oficial (hasta negado por el oficialismo) o la introducción de restricciones a la compra de divisas (una respuesta similar a la que dio Argentina en 2011).

Esta semana, miles de personas se amontonan en los bancos para convertir sus ahorros de pesos a dólares. Las reservas cayeron al valor más bajo en 20 años, y se teme que el régimen socialista del MAS imponga un fuerte cepo a la divisa extranjera.

El esquema monetario y cambiario de Bolivia enfrenta la crisis más importante de los últimos años. Se multiplicó la cantidad de personas haciendo largas filas en las instituciones bancarias para reclamar la conversión de sus ahorros de pesos a dólares, en lo que se configura como un episodio de evidente corrida contra la moneda nacional.

La corrida generalizada rápidamente provocó un faltante de liquidez en moneda extranjera en la mayor parte de los bancos privados, que no esperaban lidiar con operaciones de extracción tan masivas y en tan poco tiempo. 

El Banco Central de Bolivia respondió a la situación habilitando la venta directa de dólares a través del tipo de cambio oficial y libre, a fin de agilizar las operaciones y disminuir la presión sobre los bancos privados hasta tanto puedan hacerse de liquidez. Pero este episodio saca a la luz algunas de las debilidades más importantes del sistema que mantiene el régimen de Luis Arce. 

“En ese sentido, el BCB comunica que también se pueden comprar dólares a través del Banco Unión y el resto de las entidades de intermediación financiera a lo largo y ancho del país, al tipo de cambio autorizado para el sistema financiero”, pronunció el Banco Central de Bolivia (BCB).

La inflación mensual operó en terreno negativo en el segundo mes de 2023, y promedió el 0,41% en los últimos cuatro meses del año pasado. Asimismo, la inflación interanual descendió a 2,57% en febrero de este año, y registró un pico moderado del 3,17% en noviembre del año pasado. 

Hasta ahora, la inestabilidad de precios no fue un mayor problema para Bolivia incluso a pesar del shock monetario impulsado durante la pandemia. Pero la violenta caída de la demanda de pesos (o su contracara en la demanda de divisas) podría cambiar completamente el panorama para los próximos meses. 

El sistema monetario de Bolivia y el peligro inflacionario latente

Desde el año 2008 el Banco Central del país se comprometió a sostener una paridad prácticamente fija entre el peso boliviano y el dólar a razón de 6,96 pesos por unidad, y en un marco de libertad de cambios (no existen mayores controles para la compra y venta de divisas). Este hecho sirvió como una suerte de “anclaje” de las expectativas inflacionarias y fundamentalmente la demanda de dinero, consiguiendo así disciplinar los precios y mantener la estabilidad.

Pero aún con un bajo ritmo en la “nominalidad” del país, dado un tipo de cambio fijo, se produjo una lenta pero sostenida apreciación cambiaria que facilitó el abaratamiento de importaciones y el encarecimiento de exportaciones. El BCB debió atender a la defensa del tipo de cambio consumiendo reservas internacionales, y para 2023 estas ya alcanzan su nivel más bajo desde octubre de 2004. 

La falta de liquidez en los bancos llevó al surgimiento de un muy incipiente mercado negro de divisas, en el cuál el dólar paralelo ya cotiza en los 7,15 pesos bolivianos (un brecha cambiaria del orden del 2,7%). La dureza del régimen monetario se vio contrastada por fuertes políticas monetarias y fiscales de índole expansivo, y el único canal para mantener la política cambiaria estable fue el consumo de reservas.

El sistema comienza a dar indicios de agotamiento, y los bolivianos descreen cada vez más de la sostenibilidad del mismo. Con un riesgo latente de devaluación o controles cambiarios, la corrida contra el peso y por la conversión en dólares se entiende como un mecanismo precautorio para anticiparse a las posibles decisiones del BCB en el futuro.